Por Caridad Vela
Eficiencia y dinamismo se percibe en el ambiente del despacho del Ministro Pablo Campana, quien dirige la cartera de comercio exterior desde hace algo más de un año. Todo se da sobre la marcha. Nace el pensamiento que motiva la planificación y trasciende a la acción, y así, finalmente, vemos que lo imposible es posible y Ecuador se abre al mundo.
El camino no ha sido fácil. Muchas piedras han debido eliminarse para generar confianza entre inversionistas nacionales e internacionales. Un radical cambio de timón en el manejo de las políticas de gobierno, lucha frontal contra la corrupción, sumadas al lógico proceso intelectual que lleva a conclusiones después de escuchar opiniones diversas, dan resultados que devuelven el optimismo a la sociedad.
Pablo nos recibe con la familiaridad de siempre y atiende nuestras inquietudes con el aplomo propio de quien habla con seguridad sobre sus actos.
¿Se ha logrado generar el ambiente propicio para atraer inversiones?
Ecuador tiene un potencial enorme. En el gobierno anterior la atracción de inversiones no era política de Estado, ahora sí lo es, y por ello hay que hacer todos los cambios necesarios para lograr los objetivos planteados. El proyecto de Ley Orgánica de Fomento a la Producción, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal recoge muchos de esos cambios. Trabajamos de la mano con Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas; con José Valencia, Canciller de la República; con otros ministerios, gremios, cámaras, representantes de pequeñas y medianas empresas, artesanos, etc., en su elaboración, y proponemos modificaciones a alrededor de 18 cuerpos legales.
¿Beneficios concretos para el sector de la construcción?
En el proyecto de ley hemos sugerido un crédito tributario del IVA para vivienda de interés social (hasta $40.000), pero vemos que el sector inmobiliario reclama que se extienda también para vivienda de interés prioritario (hasta $70.000), y eso será revisado técnicamente.
¿Y para atraer capitales al sector inmobiliario?
Hay alrededor de $1.100 millones en inversión fresca para este sector, porque la gente ha recuperado la confianza. Atendiendo las propuestas de los actores de esta actividad, hemos facilitado el ingreso de fondos de inversión para compra de proyectos inmobiliarios que tengan como fin específico el alquiler. Me explico. El promotor inmobiliario desarrolla un proyecto de 50 unidades y paga los impuestos correspondientes. Vende, por ejemplo, 20 unidades a un fondo internacional (ingreso de divisas) que las dedicará a arriendo, y esa operación de alquiler estaría exenta de impuesto a la renta por un período de tiempo determinado.
Pero la llegada de esos fondos de inversión está condicionada a gestionarse mandatoriamente a través de fideicomisos…
Ese aspecto está siendo revisado en el sentido de abrirlo a fideicomisos y también a sociedades anónimas, porque si bien el fideicomiso es una gran herramienta, la intención es dar facilidades para atraer capitales. Habrá que encontrar el mecanismo para que la transparencia sea absoluta. La atracción de inversiones es hoy política de Estado, y en ese sentido todos los funcionarios del sector público, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, tenemos que trabajar con el único objetivo de facilitar procesos cumpliendo con la ley y las normativas correspondientes.
¿Se mantendrán los valores tope para vivienda social y de interés prioritario?
Los constructores y promotores inmobiliarios solicitan que esos valores tope sean revisados porque fueron definidos hace más de tres años y ya no se ajustan a la realidad. Estoy completamente de acuerdo con ellos. Todo es perfectible y deberá ser analizado para que las decisiones que se tomen vayan de acuerdo con la situación y los precios actuales. Me he comprometido a conversar con el Ministro de Vivienda, a quien le corresponde y compete este tema, para solicitar una revisión al respecto porque esto dinamizará al sector de la construcción.
Ventajosamente la ley de plusvalía se eliminó vía consulta…
Ese es un gran ejemplo de los errores cometidos que no representó ni un centavo de recaudación y afectó gravemente a la economía en general y al sector construcción en particular. Otro es la responsabilidad solidaria de los accionistas en los posibles problemas causados por los administradores de las empresas. ¿Qué empresario extranjero iba a traer su dinero a Ecuador con ese tipo de situaciones? Ni uno. Otro es el aspecto relacionado con que los recursos para invertir no provengan de paraísos fiscales.
¿Cómo controlar este aspecto?
Los dólares son verdes aquí y en cualquier parte del mundo, vengan del país que vengan. Lo que hay que hacer es crear controles a través del SRI, de la Superintendencia de Bancos, la UAFE o la entidad que corresponda, para verificar que el dinero venga de buenas procedencias.
¿Es una invitación para que regresen capitales al país?
Si el sector privado ecuatoriano genera el 90% de las fuentes de empleo, hay que apoyarlo, trabajar con él, y darle todas las garantías que el Estado puede brindar en cuanto a seguridad jurídica, previsibilidad y confianza. Solo así se logrará que retornen sus capitales. No se necesita una ley de repatriación de capitales, se requiere un ambiente positivo, de confianza y transparencia.
¿Se está logrando el objetivo?
Estamos superando nuestras propias expectativas entre empresas nacionales y también multinacionales que ya operan en Ecuador y han decidido retornar sus capitales. Hemos firmado contratos de inversión por más de $10.000 millones, una cifra nunca antes vista en Ecuador, y hay que aclarar que en esta cifra no intervienen los sectores: petrolero, minero, energético, sectores estratégicos o concesiones viales.
¿Cuándo se empezará a sentir el efecto de las nuevas inversiones?
Estos recursos llegarán al país durante los tres o cuatro próximos años. Haber alcanzado esta histórica cifra de atracción de capitales nos tiene satisfechos pero no conformes. No vamos a parar ahí. El potencial de Ecuador va mucho más allá, pero había que empezar brindando confianza para que, como primer paso, retornen capitales que los mismos ecuatorianos habían dejado en el mundo.
Mucho camino por andar…
Y lo primero ha sido escuchar a los verdaderos actores de la economía del país. El momento que comenzamos a trabajar de la mano con los sectores productivos, con los sectores empresariales grandes, medianos y pequeños, encontramos que había que ir destrabando ciertos candados que heredamos de la administración anterior, que no veía bien a la inversión extranjera ni a la inversión privada, y centraba su gestión en un alto nivel de centralismo y endeudamiento.
¿Refrescar la imagen del país ha sido complicado?
Desde 2017 trabajamos en la planificación de varios aspectos a corto, mediano y largo plazo, en tres ejes principales que competen a este ministerio: refrescar la imagen del país tanto local como internacionalmente; fortalecer relaciones con los principales socios comerciales del mundo; y presentar el catálogo de opciones de inversión que estamos en capacidad de ofrecer al mercado internacional.
¿Los tres ejes se manejaron simultáneamente?
Sí, porque van de la mano en el proceso de posicionar al país. En un periplo internacional visitamos 25 ciudades en 16 países, y llevamos el nuevo Ecuador al mundo con un mensaje de apertura que generó confianza. A renglón seguido empezamos a recibir cartas de interés de muchas empresas que antes no nos veían como una alternativa de inversión.
¿Ese interés se va transformando en acción?
Invitamos a estos potenciales inversionistas a participar en showrooms acá, y les presentamos toda la información técnica de los proyectos para interesarlos. El tercer paso es convocar a las licitaciones correspondientes. Si bien es cierto que la ley nos faculta a adjudicar los proyectos de Estado a Estado directamente, queremos ir bajo procesos de licitaciones públicas abiertas, que brindan transparencia y generan confianza.
¿Conclusión?
El éxito de todo se debe al apoyo, visión, pragmatismo y liderazgo del Presidente Lenín Moreno. Él nos ha dicho muy claramente, “necesitamos trabajar con sentido de urgencia”, y en eso estamos. Todo el sector público tiene que ser facilitador de procesos. No es posible que haya $1.125 millones represados en el Municipio de Quito por falta de aprobación, o 2.200 licencias ambientales trabadas en el ministerio. Si no hay permisos o no hay licencias, no hay inversión, no hay proyectos, no hay nuevas fuentes de empleo. Hay que trabajar desde el sector público con mentalidad del sector privado si queremos ver los resultados.