Por Caridad Vela
Si bien en algunos sectores económicos se perciben atisbos de recuperación, no es aun momento de cantar victoria. Hay mucho trabajo por hacer, y varios ajustes que implementar, para no desviar el enfoque en la reactivación económica que el país requiere con urgencia.
Reducir el déficit fiscal es el acertado objetivo del gobierno. Con eso logrado arrancaría la inversión pública y veremos mejores días, pero mientras tanto la sensación es de estancamiento. Mauricio Pozo, analista económico y ex ministro de Economía y Finanzas, comparte con nosotros su opinión.
¿Su evaluación del año que termina?
Desde el punto de vista macroeconómico se mantiene la estructura y conducción que se estableció en el programa económico iniciado con el acuerdo logrado con los multilaterales de crédito a mediados del año 2020, que se apuntaló en 2021 y ha continuado en 2022. Se han hecho ajustes que son obvios, porque este no es un tema estático, pero es evidente que se persevera en la línea de la estabilidad, del mejor balance fiscal y la recuperación de las reservas internacionales. Esto es positivo, pero no ha redundado en otros aspectos importantes, por ejemplo el empleo.
Mauricio Pozo
El primer objetivo del gobierno es reducir el déficit fiscal reduciendo el gasto público. ¿Esto está afectando la generación de empleo?
Si ajustas el problema fiscal exclusivamente por el lado de la obra pública, es decir, si paras el gasto de inversión del Estado, no se activa la economía, porque la obra pública se gestiona contratando al sector privado para su ejecución, y si eso no sucede, perjudica la recuperación de empleo en la empresa privada. A pesar de que en 2020 y 2021 se logró reducir el tamaño del Estado en cerca de $2.000 millones, vemos que ha empezado a crecer nuevamente, y si los ingresos no cubren ese gasto corriente, se incrementa el déficit fiscal y eso genera dependencia al endeudamiento público.
¿Cuál es el camino para reactivar la economía sin gastar lo que no tenemos?
No hace falta plata, necesitamos mejorar la gestión de ejecución del presupuesto. Este es un problema estructural que se ha ido complicando, y puede darse por ineficiencia o por corrupción. Hay que hacer todos los esfuerzos para que se ejecute lo que está previsto en las normas de presupuesto, y que se utilice lo que se asigna a cada uno de los sectores. El presupuesto que no se ejecuta está dormido en la cuenta del Banco Central, que, por cierto, mejora los saldos de reservas internacionales, pero eso la gente no lo entiende, no lo percibe en sus bolsillos ni en una mejor atención en salud o educación.
Todavía hay muchas necesidades insatisfechas…
Es que no sabemos el destino del dinero que sí se utiliza. Se entrega la plata y nadie dice en qué se gastó o qué beneficios se logró. Te doy un ejemplo. Según la Constitución, el Estado debe incrementar el 1% del PIB por año para educación hasta alcanzar el 6%, pero no sabemos si ese dinero se usa para comprar carros, escritorios, o para mejorar la capacitación de los docentes. El criterio es únicamente cuantitativo, no cualitativo, y por eso no podemos medir la calidad del gasto público. Es fundamental hacer esta evaluación cualitativa para ratificar o rectificar, porque en materia económica los resultados son parte de un proceso aplicado en el tiempo.
¿A qué se refiere?
Nunca se verá mañana la consecuencia de lo que haces hoy. No es real afirmar que los últimos 14 años fueron un desastre y que en estos meses se lo arregló. El déficit fiscal de 2020 fue de $7.000 millones por la pandemia, y bajó a menos de $4.000 millones en 2021. Esto fue anunciado, proyectado, estimado y presentado en el presupuesto del gobierno anterior, no en el actual. La reducción del déficit que ahora vemos se da gracias a la aplicación del programa económico de 2020, fortalecido en 2021 y continuado en 2022. Es un esfuerzo de dos gobiernos, y esa es la continuidad que deben tener los programas bien estructurados.
Continuidad que no se dio con el precio de los combustibles…
El gobierno anterior mantuvo una línea en lo que debía ser el precio de los derivados de petróleo, como gasolina y diesel, con un ajuste del 5% mensual que después bajó al 3%, y se mantuvo esa línea de manejo económico a pesar del esfuerzo que significó. El gobierno actual suspendió voluntariamente ese mecanismo, que pudo haberlo usado como instrumento de negociación política. Tampoco se dio continuidad al acuerdo que el gobierno anterior firmó con el DFC de Estados Unidos, que permitía levantar $3.500 millones al 2,5% anual, con un año de gracia, para el país.
¿Su opinión sobre el presupuesto para 2023 presentado a la Asamblea?
El presupuesto es de $31.000 millones. Veo algunas alertas. Primero, entre los supuestos están 188 millones de barriles de producción de petróleo al año, lo que da un promedio de 515.000 barriles diarios, pero desde hace dos años el país no ha llegado a los 500.000 barriles diarios. Eso significa que probablemente estamos sobreestimando ingresos. Segundo, entre los ingresos se incluye la venta de concesiones mineras, que es un imponderable y debería estar clasificado como ingreso extraordinario. Ojalá se dé, pero podría no darse, porque no depende solo de Ecuador sino del mercado internacional que no está en el mejor momento, y tampoco podemos olvidar la presión del sector indígena sobre el gobierno en este tema. Tercero, el presupuesto presentado no solamente que no corrige el tamaño obeso del Estado, sino que lo aumenta.
Mauricio Pozo y Caridad Vela
Pero se ha dicho que los sueldos de algunos empleados públicos son inversión…
Para efectos de difusión pública se ha mencionado que esos rubros son inversión social, pero es clarísimo que si el egreso de dinero no incrementa el patrimonio estatal, no puede ser considerado como inversión pública. Hay un concepto internacional que se debe respetar, y es que los sueldos -sean en educación, salud, seguridad, etc.- son gastos recurrentes para la operación del Estado, no son inversión. Aquí hay que ser muy claros porque parece un juego de palabras. En el gobierno anterior se registraron algunos salarios, sobre todo de educación y salud, dentro de del concepto de proyectos de inversión para no violentar una norma de gasto corriente – ingreso corriente, gasto permanente – ingreso permanente, que era un proceso que se venía dando. Esto fue acertadamente revertido por el actual gobierno, que puso los salarios donde corresponden.
¿Cómo afectará el incremento de $25 en el salario mínimo vital?
En el año 2020, con apoyo técnico del Banco Mundial se definió una fórmula para establecer ajustes al salario mínimo vital, con el objetivo de evitar la puja política entre empleados, empleadores y gobierno. Ese año, después de analizar todas las variables, no hubo argumento técnico para aumentar los salarios. Esa realidad no ha cambiado, el incremento de $25 no tiene respaldo técnico, es una decisión política que responde al cumplimiento de un ofrecimiento de campaña, que va a complicar la recuperación de empleo, encarecerá los costos de producción y afectará la capacidad competitiva interna y externa. El nivel salarial de Ecuador está entre los más altos de América Latina, a pesar de que la productividad de nuestra economía es de las menores.
¿La proforma presentada se cumplirá?
La proforma es una guía de hacia dónde quieres caminar y las metas que quieres cumplir, y las cifras deben ser lo más reales posibles. Comparar proforma actual contra proforma anterior es comparar algo que no se cumplió con algo que tampoco se va a cumplir. La comparación válida es entre proforma y ejecución, solo así podrás medir si en realidad se están cumpliendo las metas establecidas. El presupuesto presentado para 2021 fue de $26.000 millones y, a octubre, solo se han gastado $17.000 millones. Quedan dos meses para utilizar el remanente, y si bien es verdad que a final de año se acumulan muchos gastos, no creo que se logre ejecutar el saldo.
¿Qué debilidades ve a futuro?
El presupuesto tiene dos fuentes de ingresos: petrolero y tributario. Si no se reactiva la economía no crecerá la recaudación tributaria; y si baja el precio del petróleo o disminuye la producción, el déficit incrementará y habrá que asumir nueva deuda o atrasar los pagos a proveedores. El problema del IESS hay que solucionarlo, porque tarde o temprano va a explotar. También hace falta una reforma para el mercado de capitales, sobre todo en temas de control, para evitar que suceda otro caso como el del Isspol; y las reformas laborales, que revierten gran importancia, están pendientes. El gobierno debe buscar alianzas para sacar su programa político económico adelante, defendiendo los principios y lineamientos que lo llevaron al poder.
¿Fortalezas?
Creo que la dirección de la política económica es correcta. Habría un déficit de $2.600 millones, es decir, 2,2% del PIB, que es manejable porque genera menos presión para atender gastos importantes del Estado. Lo ideal es tener superávit, porque reduce sustancialmente la necesidad de endeudamiento, y es la actitud responsable, pero no se puede hacer lo que hizo Correa, que regaló al Estado las reservas para que gaste en lo que le dé la gana.
Mauricio Pozo
¿Se logrará reducir el déficit a esos niveles manejables?
Esa es una meta muy importante, pero hay que manejar la política económica con un balance que sea sostenible, ir monitoreando los resultados en el tiempo, abriendo o cerrando la mano de acuerdo a lo que vaya aconteciendo, tomando decisiones en base a la realidad. No es fácil explicar al país que se está reduciendo el déficit, que hay $9.000 millones en reservas, pero no hay medicinas en los hospitales. Los problemas de fondo están ahí y hay que reactivar la economía del país con reformas económicas, que no se ven probables por la debilidad política del gobierno en la Asamblea.
¿Crecerá la economía el próximo año?
Según el Banco Central la economía crecerá en 3.1%, pero la proforma presupuestaria tiene algunas distorsiones. Estima que el consumo privado, que es el que más influye en el crecimiento del PIB, crecerá en 6%, y que la recaudación de IVA se incrementará en 21%. No tiene mucho sentido que mientras el consumo crece poco, la recaudación de IVA crece mucho. Además está la reducción de un punto adicional al impuesto a la salida de divisas, que si bien es acertado, impactará en alrededor de $500 millones en los ingresos tributarios, y eso no está incorporado.