ASESORÍA TRIBUTARIA
Por: Caridad Vela
Son muchísimos los temas de la Ley de Plusvalía que vale la pena desgranar, topar uno por uno, analizarlos y proponer vías alternas para evitar que el sector de la construcción siga afectándose negativamente. Recordemos que el solo anuncio de que entraría en vigencia puso de pie al país, pero el gobierno de entonces prefirió ignorar la manifestación pública a aceptar que podría estar equivocándose.
El tiempo ha dado la razón a la sociedad civil. Las cifras así lo ratifican. El día que la ley entró en vigencia se detuvo vertiginosamente la actividad inmobiliaria, se cerraron fuentes de empleo, se paralizó la industria de materiales de construcción y la economía del país sintió el efecto.
Ha pasado el tiempo y Ecuador tiene hoy un nuevo mandante que ha iniciado su gobierno dando muestras de apertura, de afinidad con los procesos de diálogo, de afán de cambio en fondo y en forma, y la sociedad civil tiene fe en que esta estrategia dará resultados en el corto plazo.
Henry Yandún, amigo de esta revista a quien en otras ocasiones hemos entrevistado sobre la empresa que acertadamente dirige, se ha convertido en una especie de vocero de un sector de empresarios privados que ha decidido actuar frente a esta situación. Él accedió a conversar con nosotros sobre el tema.
¿Qué opina la empresa privada sobre la ley de plusvalía?
La ley de plusvalía es una ley perversa, entendiendo por perverso a algo que hace el mal a todos. Los resultados negativos que habíamos anticipado que se darían ya no son una proyección, son una nefasta realidad. Esta ley debe ser derogada, y si eso no se logra, debe ser reformada en casi la totalidad de su contenido.
¿Qué pretende esta ley?
Evidentemente el gobierno anterior lo que pretendía era evitar la especulación en el precio de la tierra, pero ningún artículo menciona eso y la ley se refiere solamente a la plusvalía. La definición universal dice que plusvalía es la ganancia que logra un bien con el paso del tiempo gracias a factores externos, pero esta ley obliga al constructor a pagar impuestos por la ganancia que obtiene al hacer su trabajo. Eso es rentabilidad, es lo que toda actividad económica legítimamente persigue, no es plusvalía.
¿La consecuencia?
El error cometido es tan grande que esta ley hace lo que ninguna otra: al mismo tiempo impacta en la oferta, en la demanda y en la recaudación de impuestos. Se ha encargado de provocar un total y absoluto desincentivo al constructor privado, y por ende, ha paralizado todas las actividades económicas relacionadas con la construcción.
Analicemos el tema. ¿Dónde está el error que confunde los términos?
Nace de una falta de entendimiento entre lo que es rentabilidad y lo que es plusvalía, es decir, entre la ganancia que se obtiene de una actividad económica y la que resulta de un incremento en el precio de un bien debido a circunstancias exógenas.
Elaboremos…
Me explico. El constructor compra un terreno para hacer un proyecto y vender por primera vez los departamentos. El resultado es la rentabilidad que obtendrá la empresa constructora por el ejercicio de su actividad económica. Sobre esta rentabilidad el constructor paga impuesto a la renta. Esto no es plusvalía, porque hay que entender que el terreno es la materia prima de una industria que lo transforma en un bien terminado para la venta. La ley tiene tantos errores que incluso se pretende que los fideicomisos paguen este impuesto, cuando lo que son es un mecanismo de medio, mas no de fin, y actúan como instrumentos legales que aportan con transparencia a las transacciones inmobiliarias.
¿Entonces, en qué momento se da la plusvalía?
Cuando por varias razones o circunstancias ajenas a la acción del propietario del inmueble, éste incrementa su valor. Por ejemplo, porque un terreno rural pasó a ser urbano, o porque un departamento que estuvo en una zona apartada ahora está en un sector boyante. En estos casos el propietario no hizo nada para que se incremente el precio de su bien, fueron las circunstancias las que lo afectaron, y ya hay tres leyes que cobran tributos por este tipo de ganancia. La Ley de Plusvalía es tan absurda que los municipios no saben cómo implementarla porque se contradice con otras leyes anteriores.
Es entonces un nuevo impuesto para gravar algo que ya está siendo gravado?
No solamente eso. Es una ley que tiene tremendos errores y malentendidos, y sin remediarlos se pretende cobrar el 75% de impuesto a la plusvalía. Esto no tiene ningún sentido. Para el constructor inmobiliario su actividad dejó de ser atractiva, y para el interesado en comprar vivienda este impuesto es absolutamente nefasto porque impide su progreso. Antes se acostumbraba comprar vivienda con la ilusión de venderla más adelante, para tener una ganancia que permita al individuo invertir en otra mejor, pero ahora esa ilusión desaparece gracias a que el gobierno pretende quedarse con el 75% de esa ganancia. Solamente están exentos de este impuesto los proyectos de vivienda social, lo cual es un tanto discriminatorio porque la clase media también necesita soluciones de vivienda y los constructores no están siendo motivados a crearla.
¿Hay apoyo para provocar la derogación de la ley?
El Presidente de la República está de acuerdo, el Presidente de la Asamblea y varios asambleístas, el Ministro de Comercio Exterior Pablo Campana y otros ministros, el Alcalde Jaime Nebot y otras autoridades seccionales, los dirigentes de los gremios, entre muchos otros, se han manifestado a favor de nuestro pedido. El problema es que se está haciendo un botín político por problemas dentro del partido Alianza País, y nos preocupa que por ello la lógica responda a intereses que no son en beneficio de la sociedad ecuatoriana.
¿Cuál es el proceso para derogarla?
Al ser una ley orgánica debe haber mayoría absoluta en la Asamblea, ya sea para derogarla o modificarla. Casi todos los asambleístas de oposición están de acuerdo con el pedido de la empresa privada, pero en política no dejan de existir los líos sectarios. Hay quienes se oponen a todo lo que dicen otras agrupaciones, y eso perjudicará tremendamente a los sectores más vulnerables de la población, a la gente humilde, porque ellos son los que se quedan mientras los grandes empresarios se irán a invertir sus capitales en otros países.
Henry Yandún
¿Siempre fue un sin sentido?
Entiendo que todas las leyes se hicieron con intención de ayudar al más desfavorecido, pero los resultados son todo lo contrario. No se entendió que al afectar al empresario, al imponerle desmesurados impuestos nuevos, dejaron sin empleo a mucha gente. Esta repercusión es muy grave no solo en la afectación directa a los empleados de la construcción, sino también de otros sectores. Por ejemplo, más del 90% de la producción de la actividad metalmecánica está dirigida a la construcción, y lo mismo sucede con muchos otros sectores de la economía.
Y a esto sumamos la amenaza de la ley de herencias…
Todo esto hace que la gente deje de invertir. El constructor no construye, el comprador decide llevar su dinero a otros países que ofrecen mayor seguridad y transparencia jurídica, se pierden empleos, y como resultado de esta paralización se pagan menos impuestos y se atenta contra el crecimiento del país.
Pasando a otro tema, ¿qué opinión le merece el Plan Casa Para Todos?
En Ecuador existen los recursos para cumplirlo, y aunque no será fácil lograr la meta establecida, apoyamos la gestión. Es importante destacar que no se trata de construir casas sino hogares, debe hacerse urbanismo para evitar el caos, deben industrializarse los procesos constructivos para lograr los objetivos, pero sobre todo, debe invitarse a los mejores constructores del país a participar, e integrar a los proveedores de acabados de construcción para establecer parámetros que evitarán desperdicios y determinarán el uso correcto de cada material.