Francisco Briones, Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI)
Por Caridad Vela
Siete meses han transcurrido desde que Francisco Briones dejó la Subsecretaría General de Gabinete para asumir el cargo de Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI). Cerrar el año 2022 con importantes cifras de crecimiento en recaudación tributaria es una buena noticia para todos los ecuatorianos, con mayor razón cuando los sectores inmobiliario y de la construcción muestran un repunte interesante.
Parecería que el duro impacto de la pandemia ha sido superado gracias al esfuerzo de la empresa privada y su infinito poder de resiliencia, combinada con una acertada gestión recaudatoria y el efecto de ciertas políticas públicas que van delineando un camino de orden financiero en el país. Francisco comparte con nosotros el siguiente análisis.
¿Cómo cierra el 2022 el sector de la construcción?
Sumamente bien. Es el primer año de los últimos cuatro o cinco que se ve crecimiento en el sector de la construcción, lo cual es una noticia muy positiva, porque finalmente vemos que cambia la tendencia y posiciona a este sector entre los 7 u 8 de mayor crecimiento del año. El doble efecto positivo de este crecimiento es que aporta muchísimo en la generación de empleo de mano de obra que no requiere de un alto nivel de preparación, y paralelamente ayuda a cubrir el déficit de vivienda, especialmente en la base de la pirámide que es donde más se necesitan oportunidades.
¿Cuál fue el aporte del sector de la construcción al PIB en 2022?
Fue de $530 millones. El sector de la construcción aportó con $280 millones y las actividades inmobiliarias lo hicieron con $250 millones. Los crecimientos son del 16% y del 50% respectivamente, en comparación con lo generado en 2021. Hay varios factores que impulsan estos crecimientos. Por un lado, la tasa de interés subsidiada por el gobierno nacional para vivienda de hasta de $103.000, y por otro, la gestión del Miduvi que ha hecho un trabajo importante en el proceso tramitológico para facilitarlo, digitalizarlo y dar confianza a los promotores inmobiliarios. Ahora les toca a los GAD actuar para también agilitar sus trámites y evitar ser un cuello de botella.
¿En cuáles provincias se evidencia mayor crecimiento en estas dos actividades económicas?
En estos cuadros se desglosa el crecimiento por provincia, tanto en el sector construcción cuanto en actividades inmobiliarias
Esto, a pesar de que no ha habido obra pública…
Hay obra pública, no en los niveles que hubo en su momento cuando había ingentes recursos petroleros y vivimos un sobrendeudamiento agresivo, época en la que se gastaron recursos que había y también los que no había. No estamos a ese nivel, pero la inversión en obra pública en 2022 llegó aproximadamente a $1.200 millones, y se estima que en 2023 irá por el orden de $1.500 millones para continuar impulsando la economía. Adicionalmente, en estos últimos meses se ha colocado muchos recursos a través de los bancos del Estado y de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para proyectos de infraestructura pública, como agua potable, saneamiento, riego, etc., que pronto empezarán a evidenciarse en fuentes de empleo y movimiento económico.
¿Cómo anticipa el comportamiento del sector construcción en 2023?
Prevemos que continúe esta recuperación y estamos buscando mecanismos para lograr una mayor dinamización. Uno de los grandes desafíos que hay en el sector de la construcción es revisar una distorsión generada por el tema del IVA. Me explico. Todos los costos del proceso constructivo gravan IVA, sin embargo, al momento de vender casas o departamentos no se cobra IVA y no hay con qué cruzar esos valores. Esta distorsión genera un costo que de alguna forma se traslada al comprador e impacta en el precio final a las familias.
Atender este tema es un importante desafío. ¿Qué estrategia habría?
El año pasado ampliamos la base para devolución de IVA a los proyectos de construcción de vivienda de interés social. Redujimos la tramitología, se eliminaron procesos y, además, se incluyó los costos pre constructivos, que son muy importantes dentro del presupuesto de cada proyecto, dentro de los rubros sujetos a devolución de IVA. Todo esto con el afán de apoyar al sector de la construcción y, paralelamente, impulsar la oferta de este tipo de vivienda que ataca directamente al déficit cuantitativo habitacional.
¿Pero es exclusivamente para proyectos de vivienda de interés social?
Sí, así lo estipula la ley. La intención es combatir el déficit habitacional en el segmento en el que mayor necesidad hay, que son las familias de clase media hacia abajo, y motivar a la empresa privada a construir proyectos de vivienda para ese segmento. Sin embargo, estamos conscientes de que debemos encontrar un mecanismo que esté acorde a la situación fiscal, para reducir los costos e ir dinamizando esta importante actividad económica. Mientras se encuentra el mejor camino para evitar esa distorsión, continuamos atendiendo con prelación la devolución de IVA a los proyectos de vivienda de interés social.
¿Algo más?
Algo importantísimo que no mucha gente lo conoce todavía. Para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales son proveedoras de materiales para construcción, incrementamos el plazo de pago de IVA a tres meses, evitando provocar coyunturas de falta de liquidez. Me explico. Un proveedor pequeño factura materiales a un cliente grande, y, a pesar de no haber cobrado la factura debía pagar su IVA al mes siguiente, afectando fuertemente su capital de trabajo. Con esta política solucionamos este problema, alivianamos la carga tributaria y fomentamos la creación de empleo. El sistema del SRI estará listo a partir del mes de marzo para aceptar este diferimiento de pago de IVA.
En términos generales, ¿cómo cierra Ecuador el 2022 en comparación con 2021?
Muy bien, el desempeño económico de 2022 fue extraordinario. La recaudación tributaria creció 23%, cerramos con un crecimiento en ventas del 13,4%, ($227 mil millones), cifra récord histórica que inclusive es mayor a lo registrado antes de la pandemia. Vale aclarar que esto no es efecto del incremento en precios, pues ajustando esas cifras por inflación y crecimiento poblacional, seguimos superando al 2021, como lo demuestra el cuadro a continuación.
¿Cuál fue el detonante de ese incremento en recaudación?
El gobierno ha tomado importantes medidas, entre ellas la vacunación, que fue la principal. Recordemos que el presidente cumplió su oferta de 9 millones de vacunados en 100 días, y eso permitió que la reactivación económica empiece mucho antes de lo previsto. A partir de ahí se tomaron decisiones para impulsar inversiones, motivar el empleo y apoyar al sector productivo, lo cual genera mayor confianza en el ambiente de negocios en el país. Paralelamente se implementaron estrategias relacionadas con mejorar los procesos de control tributario.
¿Se amplió la base de recaudación?
El objetivo que tenemos para este 2023 es ejercer controles sobre los 2.3 millones de contribuyentes, poniendo el foco donde nunca antes se ha puesto, que es el impuesto a la renta de personas naturales. Además estamos trabajando en el fortalecimiento de los planes de control a todas las empresas, no solo a las más grandes, a través de un nuevo modelo de gestión de riesgo que incluye, por ejemplo, obtener mayor información de los ROI de las empresas contribuyentes, utilizando tecnología al máximo. Con esa información el Estado decide qué tipo de control se aplica a cada uno. Los buenos contribuyentes recibirán mensajes recordatorios, otros serán objeto de comunicaciones más persuasivas, y a los que ignoran los requerimientos de pago habrá que caerles con todo el peso de la ley. Todos, sin excepción, deben pagar lo que les corresponde.
Francisco Briones, Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI)
La última reducción del ICE a ciertos productos ha generado críticas. ¿Cuál es su opinión?
Esa no fue una medida aislada. Paralelamente se anunció la reducción de 2 puntos en el ISD, que en el fondo es un impuesto que grava a todas las importaciones, incluida materia prima y bienes de capital, y afecta también a todos los ecuatorianos que compran productos importados, no solo a quienes tienen la posibilidad de viajar. La reducción de IVA para los establecimientos turísticos en los feriados de este año ayuda a combatir los efectos inflacionarios en el mundo, y abarata los costos en Ecuador para los visitantes internacionales, además que beneficia a los viajeros locales en esos feriados. La reducción del ICE para ciertos productos combate el contrabando y la informalidad que perjudica al productor local, y la consecuencia es que Colombia y Perú están recaudando impuestos que Ecuador, gracias al contrabando, no recauda. Son un conjunto de medidas lógicas y acertadas.
¿Cómo se planea cubrir los $140 millones que generaban esos impuestos?
Cobrando a quienes han estado acostumbrados a no pagar impuestos. Esta administración está comprometida en la lucha contra la evasión fiscal. Estamos generando estrategias como controles puntuales a grandes patrimonios empresariales y personales, y a perfiles de alto rango mediático que son calificados como expertos en diversas materias, pero si miras sus declaraciones de impuestos no pagan absolutamente nada. Estos controles han dado resultados: 65 personas pagaron en total $5 millones en dos meses; y hasta fines de febrero 85 personas más pagarán lo que por ley les corresponde. No hay tiempo que perder, hay que cambiar esa cultura antipatriótica de no pagar impuestos.
¿Qué resultados dio la regularización de activos de ecuatorianos en el exterior?
El año pasado se regularizaron $2.000 millones de activos que los ecuatorianos mantienen en el extranjero, que no los habían declarado acá, y generaron una recaudación de $92 millones entre 642 contribuyentes. Desde este año en adelante, ese capital tiene que tributar sobre los rendimientos que obtenga en el exterior, lo que generará aproximadamente $40 millones de recaudación este año. Adicionalmente, este mes arrancan los controles a quienes, teniendo dinero en el exterior, no aprovecharon el período para regularizar esos activos. Producto de estas gestiones se cobrará a los evasores, se financiará el presupuesto, y se devolverá ese dinero en salud, educación, seguridad y obras al ciudadano.