Por Consuelo Naranjo
La Ley Orgánica para “Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos”, conocida también como Ley de Plusvalía, se encuentra en el centro del debate de la consulta popular a realizarse en Febrero de 2018.
Lenin Moreno, mandatario actual, ordenó el análisis de la normativa al visualizar un impacto negativo en el sector de la construcción y el mercado inmobiliario. No pasó inadvertido que, según informes del Banco Central de Ecuador, este sector productivo registró en el año 2016 una importante caída de -5.2% en su tasa real de crecimiento. Adicionalmente, para el tercer trimestre de 2017, dicha tasa cayó al -8.5%.
En una entrevista exclusiva, Jaime Rumbea, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda de Ecuador (APIVE), expone varios escenarios para la comunidad constructora y sus gremios, tras la posible derogatoria de la Ley de Plusvalía.
¿Cómo ha afectado la Ley de Plusvalía al sector constructor nacional y sus afines?
A partir del anuncio de la ley, en mayo de 2015 hasta fines de ese año, el acceso a vivienda disminuyó a la mitad en términos mensuales. Para finales de 2016, solo cuatro de cada diez hogares accedía a un inmueble en comparación con el año 2014. Es necesario referir que por cada familia que deja de optar por una residencia, el déficit se incrementa. Por otra parte, luego de entregar todas las viviendas que habían sido contratadas de manera previa a la crisis e incertidumbre producida por la ley, actualmente el sector se encuentra creciendo a un ritmo que no llega ni la mitad de la cifra registrada en 2014.
¿La curva aun no se recupera?
Estamos entrando a la parte baja de la tendencia, etapa en la que solo se construye lo poco que fue reservado por los promitentes compradores en los últimos dos años. Es decir que la crisis que percibimos con el derrumbe de las reservas realmente se empezará a sentir en toda su profundidad en los próximos meses. Esto evidentemente involucra a la provisión de insumos, comercio y servicios asociados.
¿Cuántas plazas de empleo se han perdido tras la emisión de la ley?
La construcción, por definición, es el mayor empleador urbano, pero debido a la Ley de Plusvalía ya no lo es. En el ámbito de oferta laboral durante el año 2016 se perdieron hasta 150 empleos por día. Tras la ley, solo en el sector de la construcción se han perdido aproximadamente 100.000 empleos directos. Esta situación es trágica ya que la recuperación de esas plazas no es inmediata. Sobrellevar el parámetro actual requiere la reactivación de toda una maquinaria basada en credibilidad y agilidad en trámites municipales, además de contratos de largo plazo entre proyectos y clientes; al igual que entre proyectos y proveedores.
¿Qué significaría la derogación de la Ley de Plusvalía para la economía nacional?
La derogatoria constituiría un mensaje de respeto al ahorro y al patrimonio familiar. Ningún hogar está dispuesto a sacrificar su labor de años, trabajar toda una vida para pagar una casa que, si resultó ser una buena inversión para su ahorros, tenga que compartir la plusvalía con el Estado. La ley ha probado que no tiene relación con todo el discurso ideológico y anti-técnico con el cual se la promovió. Esta propuesta ha permitido dejar sin vivienda a las personas que la necesitan.
Tras el sí en la pregunta de la derogatoria, el Presidente deberá enviar un Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional.
Jaime Rumbea
Presidente Asociación Promotores Inmobiliarios de Ecuador – APIVE
¿Cuáles deberían ser los ejes de este nuevo proyecto, con el fin de que el sector de la construcción y relacionados se vean favorecidos y no afectados?
El proyecto solo debería contener la frase “deróguese la Ley de Plusvalía”, porque ya existen más de diez instrumentos, entre el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), que en sus estatutos hacen referencia a eventuales problemas de especulación de tierra, captura de plusvalía por obra pública, proyectos con inversión pública, y otros por decisiones administrativas. Hay que derogar la trasnochada ley y aplicar las normas ya existentes. No hace falta nada más.
¿Qué acciones y estímulos provenientes del gobierno pudiesen reactivar el sector de la construcción?
Confianza, estabilidad y celeridad en trámites. Para reactivar este sector es aconsejable que los municipios se conviertan en impulsores de proyectos. En Quito, por ejemplo, llevan siete años represados algunos objetivos en el área de la construcción por culpa de malos políticos. Cuando los tomadores de decisiones restringen la oferta de vivienda, son ellos los que intensifican el déficit y el incremento del precio de los bienes inmuebles. Por otra parte, el eje empresarial que tiene ciclos largos necesita estabilidad jurídica y la certeza que solo pueden ofrecer la derogatoria de la Ley de Plusvalía y una política pública inteligente sobre vivienda. De igual manera, si se quiere construir más residencia social, se necesita la eliminación de trabas y la flexibilización de diversas temáticas para que más actores puedan intervenir.
¿Cuáles son los propósitos y expectativas económicas y productivas para 2018 en el sector al que usted representa?
Debemos mantener fuentes de financiamiento con posibilidad de crédito para que la población tenga opción de vivienda. De ganar el sí, y ser enviado el proyecto de derogatoria, esperamos un rápido trámite en el legislativo sin irresponsabilidades políticas que frene la reactivación del sector. Tenemos que trabajar con los líderes locales con la finalidad de que los objetivos que puedan proponerse sean aprobados sin dilaciones. Es un gran reto que requiere del concurso de todos.