Octubre – Noviembre 2019
Por: Caridad Vela, Directora Revista CLAVE!
Ciertas noticias viven solo un día en la mente del ciudadano, a veces llegan a dos, y solo las más escandalosas logran permanecer en el recuerdo durante una semana. Nos hemos convertido en una sociedad novelera que poco acumula en la memoria. Es como si de pronto tuviésemos capacidad limitada, como si los bits y bytes del cerebro fuesen a topar techo y cada día debiésemos desechar lo del anterior para no saturar la capacidad retentiva.
Ventajosamente la palabra escrita perdura. Me refiero a la escrita en papel, porque la virtual desaparece al deslizar la pantalla del celular, y tal vez por ello mi apego a la tinta y el teclado. Si esta columna pretende hacer un llamado de atención en pos de lograr correctivos, invitar a la reflexión o desnudar positivas y negativas verdades, el seguimiento es imperativo.
Es curioso cómo las buenas noticias tienen una extraña capacidad de mantenerse vigentes solo en enunciados. Por ahí empiezo.
Constructores Positivos y SERCOP – GRAN BINOMIO
Un arduo trabajo del colectivo Constructores Positivos, encabezado por Carlos Calderón, María Cristina García, Polo Ocampo, Darío Chiriboga y Henry Yandún, que arrancó con el apoyo del ministro Richard Martínez, el ex ministro Pablo Campana y Silvana Vallejo, Directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, finalmente dio frutos.
El trabajo conjunto decantó en el entendimiento de que es posible combatir la corrupción a través de acuerdos público-privados que han institucionalizado el diálogo como herramienta para lograr contrataciones públicas justas y transparentes.
Prueba de ello es la flamante Resolución No. 102 emitida por la Sercop, que todos celebramos el 23 de septiembre. Evita el direccionamiento en la contratación de obras, aumenta la transparencia en los procesos e incentiva una mayor participación de oferentes en licitaciones. Además fomenta la competencia y participación de proveedores; prioriza los criterios de precio, tiempo y calidad en las obras; incrementa el uso eficiente de los recursos públicos y promueve la calidad de obras contratadas por el Estado. Es decir, pone un alto a la corrupción.
Pero… todo queda en simples enunciados
Porque en términos prácticos, la Sercop no tiene facultad sancionadora sobre los incumplidores –léase corruptos-. Más claro: Sercop emite la normativa y la envía a todas las entidades públicas, entre ellas los municipios, para su obligatorio cumplimiento. Esto, en un país distinto, tendría resultados inmediatos, pero no en Ecuador.
Antecedentes: durante los últimos años, cerca del 70% de los concursos se adjudicaron a un solo proveedor, suficiente evidencia de que el proceso era un mero trámite pues anticipadamente se sabía quién sería el adjudicado. Esto, por sí solo, debía llamar la atención de las autoridades, pero el gobierno anterior fue la más clara expresión de la anti-moral.
Proceso: Tras dos años de mucho trabajo y un exhaustivo análisis que involucró la participación del sector público y privado, nace la Resolución 102 para sacarnos del caos. En las mesas técnicas se determinó que en la mayoría de procesos de contratación de obras, los parámetros que más influían para las adjudicaciones eran los más subjetivos y susceptibles de manipulación. Entre ellos, metodología y temas conexos, equipos, personal técnico.
Solución: La Sercop elimina esta subjetividad de la normativa por ser discordante con la obra en cuestión, manteniendo los requisitos técnicos que sí deben estar incluidos. Pero ciertos funcionarios reviven lo eliminado y lo dejan como requisito obligatorio, gracias a esa discrecionalidad personal que aplican a su antojo. Es decir, se pasan la normativa por las costuras y descaradamente cometen un delito. Lo hacen sin temor alguno, porque esta actitud que se ha convertido en práctica común, no ha llamado la atención ni de la Contraloría General del Estado, ni de la Fiscalía.
Realidad: durante los dos primeros días de vigencia de la Regulación 102, los mandos medios tanto el municipio de Quito como de Guayaquil han demostrado estar sobre la ley (podrían ser más instituciones, pero estas son las monitoreadas), pues con suprema eficiencia para aplicar artimañas siguen campantes en su ambiente de corrupción. Tarde o temprano, corruptos y corruptores deberán asumir su responsabilidad.
Invito a los lectores a verificarlo por sí mismos. Acceder a estos documentos es relativamente fácil, solo requiere tiempo y la firme decisión de pararse firme ante la corrupción. Se debe ingresar a www.compraspublicas.gob.ec pulsar en “procesos” que está hacia la derecha de la pantalla bajo “búsquedas”, y en el formulario que se despliega basta ingresar el código de proceso. Aquí va un listado de varios para que se dé gusto revisándolos.
El chisme es que la coima para adjudicarse una obra es el 10% de su valor. Negocio rentable para funcionarios corruptos y los empresarios que los alimentan. Hoy la ciudadanía está dispuesta a denunciarlos, el sector empresarial y productivo necesita reglas transparentes y justas para invertir, para que su esfuerzo se traduzca en ese desarrollo social que el país tanto necesita.
Si bien la Sercop ha dado un gran paso, quedan varias etapas para erradicar la corrupción. Tanto la Alcaldesa de Guayaquil como el Alcalde del DMQ deben velar por la transparencia de su administración, porque lo que sucede bajo su mando es su responsabilidad. Al Alcalde Yunda le sugiero mirar muy de cerca lo que sucede en la Administración Zonal La Delicia.
Aplaudo la política del actual gobierno de cero tolerancia con la corrupción, y la buena intención de la Sercop al actuar en concordancia, pero veo con incredulidad cómo ciertos funcionarios públicos descaradamente desafían la autoridad del Presidente Moreno y de todas las entidades de control, a vista y paciencia de todos.
La burocracia en el DMQ no terminará jamás
Una de las promesas de campaña, no solo del Alcalde Jorge Yunda sino de todos los candidatos, fue reducir el número de empleados del Municipio del DMQ y las empresas que tiene a cargo. Pero, o no analizaron el tema a fondo, o vistieron sus discursos de demagogia electorera.
Una de las mayores críticas al régimen anterior fue que el mayor porcentaje del presupuesto municipal está destinado a gasto corriente, es decir, a sueldos de un excesivo número de colaboradores. Pero resulta que eso tampoco es culpa del ex alcalde, sino del ex ex alcalde, quien firmó macabros contratos colectivos que continúan renovándose y nos tendrán atados hasta que el destino depare lo contrario.
Estos nefastos contratos tienen años de antigüedad, y dan vía libre a sindicatos que operan a manera de estructuradas mafias en las empresas municipales. Para muestra bastan dos botones:
- EPMMOP y EPMAPS: garantizan la estabilidad laboral a todos sus empleados durante 8 años. Si a pesar de eso se los despide en forma intempestiva, además de las indemnizaciones, bonificaciones y demás derechos señalados en el Código del Trabajo, estas empresas municipales pagarán al trabajador una suma adicional equivalente al valor de 8 años de la remuneración que esté percibiendo el trabajador al momento del despido.
Esto además de viáticos, seguros de salud, seguros de vida, pago adicional por transporte y otros tantos beneficios que incluyen hasta adecuar un espacio para las sesiones del sindicato.
Para quien tenga paciencia de hacer el cálculo, sugiero tomar en cuenta estos valores: jardineros $240 (seguramente los de medio tiempo porque hay otros con ingresos de $483), a partir de ahí, los sueldos van desde $520 hasta más de $800.
No hay caja para tanta liquidación.
El trago amargo se volvió dulce
Critiqué la actitud del Consejo Metropolitano por la posición mantenida en la sesión de aprobación de un proyecto inmobiliario, y a punto estuve de volver a hacerlo con más dureza porque la segunda discusión no se dio por falta de tiempo.
Sin embargo, minutos antes del cierre de esta edición recibí la gran noticia de que finalmente el proyecto Orizzonte, de la Constructora Álvarez Bravo, finalmente fue aprobado 14 meses después del día uno. Parece de Ripley, pero la ordenanza de aprobación consta de 10 páginas de contenido, que bien pudieron haberse resumido en una palabra: aprobado.
Entre los detalles más llamativos de esta ordenanza se expresa lo siguiente:
- Los propietarios de Urbanización Orizzonte transfieren a Municipio del DMQ, como contribución de áreas verdes y equipamiento comunal, 11.763m2 de área útil de los lotes (más de una hectárea), y
- El urbanizador deberá rendir como garantía para la ejecución de obras de infraestructura de la urbanización, la suma de $968.880,95 en la Tesorería Metropolitana (que no será fácil recuperar una vez finalizado el proyecto)
Sí, más de una hectárea cedida al Municipio y casi un millón de dólares durmiendo un injusto sueño en las arcas municipales, mermando la liquidez del empresario inmobiliario e incrementando los costos financieros del proyecto.
Sortear o no sortear notarías
Escribí entusiasmada que el Biess había dado un paso adelante en la facilitación de procesos relacionados con el sorteo de notarías. Tremendo barullo se armó entre esta institución y la Federación de Notarios, que a la fecha no se ha solucionado. Es decir, de facilitar, nada, pero el nuevo Gerente General ha ofrecido revisar la situación que, tal como está, más bien aporta a la confusión general, porque cuando una institución dice algo que la otra contradice, los afectados son el promotor inmobiliario y el comprador de vivienda.
Buenas noticias del Biess
Estas sí que fueron buenas noticias. Las nuevas políticas de crédito hipotecario que implementó el Biess para sus afiliados facilitan la compra de vivienda, y dan acceso a una mayor cantidad de potenciales compradores. Si bien el primer anuncio tuvo que ser revisado y reconsiderado, ya están claras las políticas vigentes, delineadas considerando opiniones de diversos actores del sector privado. La llegada de Vinicio Troncoso a la gerencia general dota de nuevos aires a la institución. Tenemos fe en su gestión.