Por Natalia Gandarillas
Cuando nos preguntamos ¿qué es una ciudad inclusiva? pueden ser varias las RESPUESTAS que invaden nuestra mente, y con seguridad todas ellas son parte de su significado. Podemos pensar que una ciudad inclusiva es una ciudad donde coexisten en armonía y respeto personas de varias etnias, religiones y culturas sin importar su género, su edad, condición socioeconómica o condiciones físicas.
Podemos también pensar una ciudad que promueva la economía inclusiva y muchos más aspectos que intrínsecamente están relacionados con la inclusión social en las ciudades. Asimismo, podemos pensar en una ciudad donde todos tienen acceso a vivienda digna, a servicios y a los equipamientos que ofrece; y sobre estos últimos aspectos se enfocará este artículo.
El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, a través del documento Campaña Mundial para la Buena Gobernanza Urbana (The Global Campaign for Good Urban Governance), publicado en el año 2000, define el concepto de ciudades inclusivas como el “espacio donde todas las personas, independientemente de su condición económica, género, edad, etnia o religión, pueden participar de forma productiva de todas las oportunidades que las ciudades ofrecen”.
Ahora bien, desde un contexto general, es importante entender que las ciudades están conformadas por sistemas muy complejos, cambiantes y orgánicos, donde los aspectos sociales, económicos y culturales de sus habitantes están íntimamente relacionados entre sí, y estos con su entorno urbano y natural, por lo que las ciudades dependen de cada uno de estos aspectos para alcanzar sus propósitos o no, respecto de la inclusión.
Pero, ¿para quién queremos ciudades inclusivas? La pregunta se responde sola, para todos. Sin lugar a duda, todas las personas queremos ciudades donde nunca sintamos que estamos siendo excluidos de alguno de los beneficios que ofrece, y en donde todos podamos llevar una vida digna y en armonía. Por lo tanto, el concepto de ciudad inclusiva es un concepto multidimensional que, para alcanzarlo, depende de los aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales, institucionales y del espacio físico urbano de las ciudades, su relación entre sí y con sus habitantes.
En este contexto, es importante conocer cuáles son los desafíos que las ciudades han venido afrontando y que lo siguen haciendo para alcanzar la inclusión en toda su dimensión. El urbanista italiano Marcello Balbo, en su ensayo La Ciudad Inclusiva, publicado por Naciones Unidas (Cuaderno de la CEPAL #88, La Ciudad Inclusiva, 2003), manifiesta que hay tres dimensiones de exclusión en las ciudades de los países en vías de desarrollo. Uno de ellos corresponde a la exclusión de los bienes y servicios urbanos básicos tales como vivienda, agua potable, alcantarillado y transporte para un determinado grupo humano. Ejemplo de ello son la cifras encontradas en una publicación de Naciones Unidas (Slum Almanac 2015-2016), que indica que un tercio de la población urbana de los países en vías de desarrollo, es decir, 863 millones de personas, viven aún en tugurios y sin acceso a servicios.
A su vez, el documento temático sobre Ciudades Inclusivas —elaborado durante el proceso de construcción de la Nueva Agenda Urbana en el marco de HABITAT III— indica que la desigualdad económica está estrechamente relacionada con la desigualdad de género y la desigualdad espacial —entendida como la desigualdad para acceder a vivienda digna, servicios básicos, equipamientos urbanos, espacios públicos y otros que ofrezca la ciudad—, lo que lleva a la exclusión y a menudo a la criminalización de los grupos desfavorecidos y vulnerables. Este documento temático indica también que las desventajas son mayores para las mujeres dentro de estos grupos debido a la discriminación de género.
Por otro lado, el ordenamiento territorial es una herramienta poderosa para alcanzar la inclusión en las ciudades. El documento temático en mención plantea que, “la conexión espacial establece un vínculo entre el uso del suelo y la accesibilidad, elimina o reduce los desequilibrios entre las zonas residenciales y de trabajo, y reduce la brecha entre los tugurios y barrios consolidados. Facilita el acceso a las áreas en las que las oportunidades de trabajo, el equipo y los servicios públicos se encuentran, lo que limita la desigualdad territorial”.
Además, actualmente existen ciudades que están creciendo rápidamente, por lo que el ordenamiento territorial es una herramienta que puede generar nuevas formas de organización espacial a favor de la inclusión, y con ello, nuevos enfoques para la prestación de servicios y una base para crear infraestructura de apoyo a la economía de la ciudad.
En el caso ecuatoriano, la publicación Hacia Ciudades más Equitativas, Sustentables y Productivas, el Aporte de la Legislación Urbana, publicado en 2015 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, señala que la realidad de la mayoría de las ciudades ecuatorianas se encuentra determinada por el crecimiento urbano disperso, desordenado y sin control, que excluye y fragmenta la sociedad y el territorio. Además, la publicación indica que este crecimiento ha generado una presión antrópica sobre zonas ambientalmente sensibles y productivas.
Asimismo, el crecimiento urbano disperso en Ecuador ha generado escasez de suelo urbano y de oferta de vivienda asequible para la población más pobre del país. Esto ha ocasionado dinámicas especulativas en el mercado del suelo, causando desplazamientos de grupos poblacionales vulnerables hacia zonas no urbanizables donde se han asentado de forma irregular.
Esta situación ecuatoriana ocasiona falta de recursos para la dotación de servicios, reducción del déficit de vivienda formal, mejoramiento del transporte público, y para la generación de espacios públicos de calidad, debido a la escasa capacidad fiscal de los gobiernos municipales.
En este sentido, la implementación de políticas públicas y marcos institucionales que promuevan el acceso universal a los servicios urbanos básicos —como vivienda sostenible y asequible, agua potable y alcantarillado, y equipamientos urbanos para educación y formación, entre otros— son necesarios y fundamentales para alcanzar ciudades inclusivas.