Por Caridad Vela
La famosa pregunta 7 parece tener su destino trazado. A lo largo y ancho del país se manifiesta el descontento general por la ley de plusvalía que fuera impuesta por el gobierno anterior. Nada más que consecuencias negativas ha provocado, y por ello, el respaldo para derogarla es evidente. Estamos ante la oportunidad de enmendar el error cometido.
El Dr. Guillermo Celi, Presidente Nacional de SUMA, compartió con nosotros su análisis y criterio sobre esta ley.
¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Plusvalía?
Siempre vimos con muchísima preocupación la forma en la que se aprobó esta ley durante el gobierno de Correa. Se lo hizo de manera apurada, sin escuchar al sector involucrado, sin recapacitar que afectaría al sector que genera la mayor cantidad de empleos en el país.
¿Qué le preocupaba?
Los efectos que podría causar por ser un cuerpo legal sin análisis ni estudios, sin respaldo real. Apenas entró en vigencia constatamos que nuestra preocupación era real porque empezamos a ver el desestimulo al sector de la construcción y la paralización de nuevas construcciones, lo cual detonó en una dramática reducción de fuentes de empleo. Paralelamente se verificó una fuerte baja en la venta de inmuebles. Lo más grave de todo fue que provocó dudas en el sector y una profunda desconfianza de la ciudadanía.
¿Desde la Asamblea se pudo haber evitado esto?
Lamentablemente, en los diez años del correismo lo que se vivió fue una voz omnímoda, y un grupo de personas que seguían esa voz y tenían terror de opinar en su contra, a pesar de que el pueblo les decía que estaban equivocados. En mi recorrido por todo el país he constatado que el sector de la construcción perdió muchísimo, y que los ecuatorianos en general fueron gravemente afectados, porque perdieron la esperanza de tener su propia vivienda, sobre todo los sectores más populares.
Guillermo Celi
Presidente de SUMA
¿La consulta popular es la alternativa para cambiar el escenario?
La consulta popular es positiva, sobre todo considerando el aspecto de darle institucionalidad democrática a Ecuador. El tema de la reelección indefinida, y lo relativo al Consejo de Participación Ciudadana son asuntos fundamentales para generar confianza y seguridad jurídica en el ambiente general de negocios en el país. Con solo anunciar la pregunta relativa a la derogación de la Ley de Plusvalía se ha visto un efecto positivo, y eso demuestra lo trágica que fue su promulgación.
¿Se podría anticipar que, en efecto, va a ser derogada?
Eso lo sabremos a ciencia cierta después de la consulta popular, pero no creo pecar de optimista al decir que sería de esperar que el voto mayoritario sea por la derogatoria. Sin embargo, es importante resaltar que no se trata solo de derogar la ley, sino de estar pendientes del nuevo proyecto de ley que se enviará a la Asamblea después de su derogatoria.
Elaboremos…
Si leemos el Anexo 1 a la pregunta sobre la eliminación de la llamada Ley de Plusvalía, cuyo nombre verdadero es Ley Orgánica para Evitar la Especulación Sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos, dice que el Presidente Constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, con carácter económico urgente, para derogar la ley que evita la especulación (Ley de Plusvalía), en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación en el registro oficial de los resultados de la consulta.
Es decir que es algo inmediato…
Sí, y por ello considero que lo fundamental en este momento es que se empiece a debatir sobre el tema entre todos los sectores económicos involucrados, la ciudadanía en general, los legisladores y los representantes del Gobierno, para definir un anteproyecto de lo que sería esta nueva ley. El objetivo es que genere los estímulos adecuados al sector de la construcción, que dé confianza tanto a los representantes de la industria cuanto a inversionistas y potenciales compradores de vivienda, de tal manera que se logre reactivar la economía con ese impulso. Es importante que la gente tenga la oportunidad de comprar vivienda, y sobre todo, que se vaya reduciendo el déficit que existe en torno a vivienda, sobre todo para el segmento de menos recursos.
Guillermo Celi
¿Qué elementos se deberían considerar en el análisis para el anteproyecto?
Hay que hacer un pacto social entre todos los ecuatorianos para ponernos de acuerdo en temas fundamentales, como la generación de empleo y la reactivación económica a través de normativas acertadas. Dentro de esto, todos los criterios y argumentos deben ser escuchados, sobre todo los que nacen de la gente que, por experiencia, conoce sobre la materia. Para empezar habría que entender a fondo el concepto de la especulación que se pretende normar, porque el anterior gobierno, que fue quien creó la norma, nunca logró conceptualizarlo con claridad. Partiendo de ahí debe evaluarse el contenido de una normativa que la regule. Lo que sí debemos asegurarnos es que no puede volver a suceder que el sector de la construcción se paralice producto de una mala ley.
Las consecuencias de esta paralización han sido muy fuertes…
Y es evidente que lo que nos falta es estímulo. Los integrantes de SUMA somos gente de proposición, vamos más allá de dogmas ideológicos y asumimos nuestra responsabilidad con los ecuatorianos. Si nos unimos todos y promovemos leyes que generan estímulo, confianza y empleo, echaremos a andar un círculo virtuoso para todos los ciudadanos.
¿Por ejemplo?
Hemos presentado un proyecto de ley para desarrollar zonas especiales de desarrollo económico, más conocidas como zonas francas, para estimular la inversión en infraestructura turística y motivar la construcción de proyectos de hoteles, resorts, restaurantes y centros de entretenimiento que promueven la generación de empleo. La idea es empezar con un plan piloto para Manabí y Esmeraldas, porque debemos ser solidarios con estas dos provincias que lo perdieron todo en el terremoto, y tienen ventajas comparativas para detonar turísticamente nuestro país a nivel internacional.
Cambiando de tema, ¿usted presentó un proyecto para eliminar la Vicepresidencia de la República?
Por supuesto. Nuestro bloque lo presentó. Fíjese que ahora tenemos un vicepresidente sin funciones, que además está preso, y se dio la circunstancia de que durante el último viaje del Presidente, éste encargó la Vicepresidencia a una de sus ministras. El planteamiento es eliminar la figura del binomio presidencial para que se presente solamente el candidato a presidente. Quien resulte electo nombraría un jefe de gabinete que sería quien asume las funciones de presidente cuando sea necesario. Si existiese la falta o ausencia definitiva del presidente cuando ha pasado apenas un año de su período, se convoca inmediatamente a nuevas elecciones; y si faltase solo un año para terminar el período, el jefe de gabinete lo terminaría. Esto no es invento nuestro, es una situación que se da en varios países, y entre otras cosas permite cambiar de vicepresidente cuando, a juicio del presidente, éste no cumple sus funciones a cabalidad o es sujeto de denuncias de corrupción.