Un rotundo sí es la primera respuesta que recibo ante la pregunta sobre la derogación de la Ley de Plusvalía. Ana Mercedes Galarza es frontal y apasionada, dueña de sus principios y creencias, responsable de sus actos. Está entre las integrantes de la Asamblea Nacional que fueron calificadas como ‘histéricas’, y lo asume a mucha honra, porque su intención es nunca caer en la sumisión ante preceptos con los que no comulga.
La Ley de Plusvalía nace de los complejos del ex presidente y carece de análisis técnico, por eso ha tenido consecuencias negativas incluso desde antes de que estuviera vigente”, nos dice al recordar las manifestaciones públicas que se dieron en las calles de todo el país cuando esta ley fue anunciada, y de las que ella participó cuando era una ciudadana común.
Revisa cifras y maneja conceptos que trascienden más allá del análisis numérico, porque las estadísticas y porcentajes, por sí solos, no revelan la realidad humana de lo que está sucediendo en el país desde que se promulgó esta ley. “La construcción aportó con el 8.61 % al PIB nacional en el primer trimestre de 2017, que no deja de ser un porcentaje importante, pero no menos importante es entender que esa participación fue bastante superior en anteriores años. El sector de la construcción bajó un 7.3 % en el mismo período de este año según cifras oficiales, y la repercusión social de esta reducción es sumamente negativa”.
Le preocupa la pérdida de fuentes de empleo, la poca inversión que hay en un sector tan importante para la economía, pero sobre todo, resalta el enorme error que se cometió al haber permitido que esta ley entre en vigencia, porque desestimula el legítimo derecho de la población a obtener rentabilidad sobre cualquier inversión que haga. Y no solo eso, sino que “ahora la gente prefiere tener su plata guardada y ni siquiera hacer mejoras en su vivienda, porque es contraproducente que el inmueble gane valor”.
“La demanda de inmuebles ha caído en picada, no porque la gente no quiere tener casa u oficina, sino porque nadie en su sano juicio compraría un bien inmueble para entregar el 75 % de la ganancia al Gobierno cuando decida venderlo”. Si la base para esta imposición tributaria es que el precio de ese inmueble se incrementó por mejoras en el entorno, que fueron financiadas con fondos públicos, Ana Mercedes es tajante al afirmar que esos fondos públicos provienen de impuestos que hemos pagado todos los honestos integrantes de esta sociedad. “Además, los Gobiernos Autónomos Descentralizados ya cobran un impuesto por mejoras, es decir, ya hemos pagado para que el entorno de nuestra vivienda sea mejor, y esta ley solo promueve el pago de un impuesto sobre el impuesto original”.
Superando el tema de la compra de primera vivienda y mirando la adquisición de inmuebles en términos de inversión, es para ella aun más preocupante la reducción que estamos evidenciando. “Hay varias alternativas para invertir, que van desde tener el dinero en un depósito en el banco hasta comprar inmuebles. Pero, ¿cuál de esas alternativas es la que mayor impacto social genera? Ninguna es creadora de tantas fuentes de trabajo como la construcción, ninguna tiene ramificaciones que se extienden a un sinnúmero de proveedores de materiales como la construcción. Incluso, los municipios están viendo mermados sus ingresos, porque a menor cantidad de inmuebles nuevos, menor cantidad de impuestos prediales recaudan”.
Entre las cifras que pone sobre la mesa para respaldar sus aseveraciones está la realidad de los proveedores de productos relacionados a la actividad de la construcción que registran una caída del 50 % en ventas. Y en el plano laboral, lamenta que el sector más vulnerable de la población, aquel que tiene educación básica o no la tiene, como el guardia que cuida las construcciones, carpinteros o albañiles, están ahora sin trabajo. Por ende, “sus familias atraviesan momentos muy complicados, sus hijos probablemente han debido abandonar sus estudios, y no pueden darse el lujo de enfermarse porque no hay dinero para medicinas”.
“Según cifras de la Entidad Colaboradora del Colegio de Arquitectos de Pichincha, la solicitudes para revisión de planos se han reducido en un 50 %, lo cual repercute directamente en la generación de nuevas fuentes de empleo, porque el sector de la construcción es el proveedor de trabajo para el 10 % de ecuatorianos”. Mentalmente recorre la gestión política del anterior gobierno y se muestra incrédula al pensar que, si el expresidente impulsó esta ley con dedicatoria contra los ‘pelucones’, el efecto ha sido exactamente el contrario, porque los más pobres son los más afectados.
Comparte con nosotros que piensa que la ley de herencias es otra sinrazón, como lo es la intención de crear una ley que imponga impuestos al patrimonio de los ecuatorianos, que fue mencionada hace poco por los legisladores de Alianza País. “Tienen esa intención, pero de ahí a que en la Asamblea demos paso a su iniciativa, hay enorme distancia. Los legisladores de ese partido político están debilitados, saben que están en una posición insostenible y finalmente entienden que a la Asamblea no se va a alzar la mano”.
Curiosamente, su interés por involucrarse en política nace cuando fue Reina de Ambato. Ahí palpó las necesidades de la gente, se acercó a ellos y conoció esos sectores de la sociedad que solo se hacen visibles en épocas de campaña política. “Cuando no hay elecciones cerca, la gente sigue con su vida sin considerar lo urgente de trabajar por una enorme población que requiere de educación, salud y seguridad. Esta falta de continuidad en la gestión político-social es lo que no permite que el país avance, y no podía permanecer impávida ante eso”. Sus estudios en sicología en la Pontificia Universidad Católica de Ambato, fueron el complemento ideal a su vocación de servicio.
“Siempre tuve interés por estar informada en política, por entender a quién estaba entregando mi voto. Muchos partidos políticos querían reclutarme por ser conocida, y por ser mujer –por lo de la alternabilidad-, sin siquiera interesarse por mi ideología o tendencias, a tal punto que hasta Alianza País me quiso reclutar”.
Esto, lejos de ser ofensivo fue gracioso, y despertó en ella una visión de la posibilidad de trabajar por el país desde una posición relevante, desde donde tuviera voz y voto, desde la Asamblea Nacional que es donde hoy se encuentra.