Por Natalia Gandarillas
Quito fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 8 de septiembre de 1978 siendo una de las primeras ciudades –en el mundo— en recibir esta designación, reconociendo su valor cultural y la importancia de la conservación de su Centro Histórico.
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Fotgrafía Unsplash por Kiyosh
En marzo de 1987, la provincia de Napo, Ecuador, sufre un terremoto dejando pérdidas humanas y afectaciones socioeconómicas graves en la región. Sin embargo, no solo esta provincia ecuatoriana se ve afectada por el terremoto: el patrimonio arquitectónico del Centro Histórico de Quito (CHQ) fue afectado gravemente, entre otros. Es por ello que, en 1988, el municipio decide intervenir para proteger y rehabilitar los bienes inmuebles patrimoniales del CHQ.
Para ello, se implementó una política de visión integral para el desarrollo de las áreas históricas mediante la protección, preservación y rehabilitación de las edificaciones patrimoniales, a través del “Plan Maestro de Rehabilitación”. Este esfuerzo fue gestionado por medio del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL), institución que se centró en la rehabilitación de áreas públicas y restauración arquitectónica de bienes patrimoniales, principalmente. De esta forma nace la gestión del patrimonio arquitectónico desde los gobiernos locales con asistencia de la cooperación internacional, en Quito y luego en Cuenca1.
Para esta entrevista, CLAVE! contactó a Manuel Ramos, arquitecto español que trabajó en la Cooperación de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2021 en Quito; y, Amanda Braun, arquitecta ecuatoriana, especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano, quien ha trabajado desde el gobierno local y central gestionando planes, programas y proyectos en torno al patrimonio arquitectónico desde el año 2009.
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Amanda Braun
Manuel y Amanda nos dan una mirada sobre la situación actual del patrimonio2 de cara al desarrollo inmobiliario, sin perder el contexto histórico y las lecciones aprendidas en la gestión realizada en las últimas décadas en Quito.
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Manuel Ramos
Manuel ¿Cuál fue el primer proyecto de rehabilitación para vivienda desarrollado por la Junta de Andalucía?
La Casa de los 7 Patios fue el primer proyecto que desarrollamos en la Junta de Andalucía, en estrecha relación con el Municipio de Quito. Este conventillo de finales del siglo XIX, situado en el tradicional barrio de San Roque, se había convertido en los años sesenta del siglo XX en un símbolo de casa de arrendamiento del CHQ, llegando a vivir en ella más de trescientas personas. Desde 1971, pasa a ser propiedad del Municipio de Quito, en un estado completamente ruinoso. En la década de los noventa iniciamos un proyecto de rehabilitación para 39 viviendas.
¿Las edificaciones en las que se invertía los fondos eran bienes del Municipio o privados?
El programa que desarrollamos incluyó cinco edificaciones destinadas a vivienda social, conocidas como la Casa Ponce, la Casa Penalillo, el Hotel Colonial y la Casa Serrano, además de la Casa de los 7 Patios. Estos cinco edificios fueron expropiados por el Municipio y aportados al programa para rehabilitarlos y recuperarlos para vivienda, mismos que en el momento de expropiación se encontraban en ruinas y, a menudo, deshabitados.
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Casa del Penalillo – Fotografía Ana Ortiz
¿Quiénes fueron los beneficiaros de estas viviendas?
La prioridad de compra se daba a quienes tuvieran una relación previa con el Centro Histórico, con el fin de garantizar su cohesión social. Fue por ello que las viviendas resultantes de estos proyectos no se vendían en el mercado inmobiliario regular, sino a través de agentes sociales del Municipio, que implementaron parámetros de calificación de acuerdo al siguiente orden de prioridades para la selección de beneficiarios: antiguos residentes del edificio, residentes de la calle, trabajadores de la zona y, finalmente, residentes de áreas cercanas. Estas viviendas a veces se vendían por debajo del precio de compra, destacando la importancia de la relación del solicitante con el edificio y la comunidad, sin competir en el mercado inmobiliario.
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Casa del Penalillo – Fotografía Ana Ortiz
¿Cómo funcionaba el modelo de financiamiento para estos proyectos?
La Cooperación de la Junta de Andalucía subvencionó el 100% de la planificación y la dirección de obras de cada proyecto. No obstante, el financiamiento para la ejecución de obras fue compartido entre la Junta de Andalucía (66%) y el Municipio (37% –salvo una excepción3—). La estrategia de sostenibilidad financiera que implementamos desde la Junta de Andalucía consistía en que, una vez vendidas las unidades de vivienda, la Junta no recuperaba sus fondos. Era el Municipio el que los retenía para continuar este y otros programas similares, iniciando así un ciclo de reinversión.
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Casa Serrano – Fotografía obtenida de Junta de Andalucía.es
¿Qué otros proyectos se crearon con estos fondos de reinversión?
El Municipio generó el programa Pon a Punto tu Casa, creado para la rehabilitación de viviendas privadas mediante préstamos blandos, ejecutado entre 2002 y 2010, y que ha actuado en más de 400 unidades de viviendas patrimoniales. Este plan se basaba en una filosofía de involucrar a los habitantes en la mejora de sus propios hogares, promoviendo la participación comunitaria y la autogestión. La idea era que no solo se tratara de proporcionar un alojamiento, sino de mejorar la calidad de vida de los residentes y fortalecer el tejido social y comunitario del centro histórico. Después del éxito de este programa, surgieron otros como el de la Quinta Fachada, que se centraban en aspectos específicos de la rehabilitación de cubiertas del patrimonio arquitectónico privado. Cabe señalar que, en Quito, pude observar que la combinación de esfuerzos públicos y privados ha sido fundamental. Mientras el Municipio desarrollaba vivienda social, numerosos arquitectos y promotores privados también invertían en el CHQ, revitalizando la zona y creando un equilibrio entre la vivienda social y la privada.
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Casa Serrano – Fotografía obtenida de Junta de Andalucía.es
Amanda, en la actualidad, ¿cómo se maneja el patrimonio arquitectónico en Ecuador desde las Leyes y normativas vigentes?
En 2016 se publica la Ley Orgánica de Cultura (LOC) sustituyendo a la Ley de Patrimonio Cultural de 1979 y creando el Sistema Nacional de Cultura (SNC) que, a su vez, agrupa diversas instituciones bajo un marco regulador común como el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCP), encargado de la rectoría, formulación de políticas, supervisión y control—; y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) que se concentra en la investigación y control técnico del patrimonio en todas sus dimensiones.
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Casa Serrano – Fotografía obtenida de Junta de Andalucía.es
¿Qué menciona la LOC?
Uno de los aspectos más destacados de la LOC es la descentralización de la gestión del patrimonio, especialmente después de la transferencia de competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en 2015. Esto permite que municipios como Quito y Cuenca, con más experiencia y robustez institucional en la gestión patrimonial, desarrollen sus propias ordenanzas y planes de conservación. Sin embargo, la transferencia de competencias no ha sido uniforme y muchos GAD aún están en etapas tempranas de desarrollo normativo, apoyándose frecuentemente en instituciones con mayor experiencia.
¿En el marco de esta Ley existen formas de financiamiento o incentivos para la preservación del patrimonio arquitectónico privado?
La financiación para la gestión del patrimonio es otro tema clave. Por un lado, la transferencia directa de recursos –desde el Estado Central a los GAD— y la disponibilidad de fondos siguen siendo un desafío, entre otros aspectos. Hoy por hoy los gobiernos locales carecen de programas de financiamiento para la recuperación del patrimonio arquitectónico del sector privado. Por otro lado, tampoco contamos con políticas públicas que generen incentivos financieros para este fin. En este contexto, lamentablemente, tener un bien patrimonial se ha convertido en una carga más que en un beneficio. Esto ha generado procesos rápidos de deterioro (natural o intencional) en todo Ecuador, corriendo el riesgo de perder un porcentaje importante de patrimonio arquitectónico en los próximos años. Es preciso trabajar en esta área cuanto antes.
Sin embargo, existen ciertas políticas no tan robustas pero pueden ser una oportunidad para que el sector privado pueda realizar intervenciones menores de rehabilitación y/o conservación en su patrimonio edificado. Una de ellas es el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura e Innovación que, desde el MCP –en su papel de ente rector— remite al INPC –ente ejecutor— los lineamientos anuales para la línea de financiamiento del Patrimonio Cultural y la Memoria Social sobre la que se quiera actuar. Es decir, los fondos pueden ir destinados un año a temas de conservación de patrimonio arquitectónico en alguna temática específica, el siguiente año hacia patrimonio intangible sobre otro tema puntual, como ejemplo.
Por otro lado, en Ecuador también contamos con incentivos para acceder a la deducibilidad de hasta el 150% adicional del monto patrocinado en la conciliación tributaria del pago del impuesto a la renta para proyectos patrimoniales, pero su efectividad depende de la capacidad de atraer patrocinadores. Es decir, una persona puede calificar su proyecto y conseguir un patrocinador que cruce el monto del proyecto con el pago del puesto a la renta de la empresa.
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Casa Serrano – Fotografía obtenidas de Junta de Andalucía.es
¿Cuál es el marco legal para que un bien inmueble sea reconocido como patrimonio cultural nacional?
En Ecuador se reconocen como bienes pertenecientes al patrimonio cultural nacional a todas las edificaciones construidas antes de 1940, que contengan un valor cultural e histórico que sea menester proteger. No obstante, las edificaciones posteriores a 1940 requieren pasar por un proceso de declaratoria que incluye la elaboración de un expediente técnico detallado que justifique su valor patrimonial, para evitar su despojo o destrucción.
Una vez que un bien inmueble es declarado patrimonio cultural nacional, por mandato de la LOC, este debe ingresar al inventario del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) manejado por el INPC. Sin embargo, la implementación de estas regulaciones ha enfrentado varios desafíos prácticos. Por ejemplo, un problema significativo ha sido la administración de inventarios preexistentes de bienes patrimoniales de la ciudad de Quito, que mediante una Resolución del INPC se reconoce los actos administrativos que declaraban a bienes inmuebles del Distrito Metropolitano de Quito como parte del patrimonio cultural nacional, acto realizado sin una previa depuración y que ha dado como resultado la inclusión de propiedades que, por un lado, ya no existen físicamente o que simplemente han perdido su calidad como bien patrimonial. Como resultado, esto afecta de manera directa a los propietarios de estos bienes, quienes deben seguir un complicado y largo proceso de desvinculación por pérdida de valores de bienes inmuebles patrimoniales.
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Manuel Ramos
¿Cómo podría vincularse la rehabilitación de patrimonio arquitectónico con el sector inmobiliario de forma atractiva?
La ciudad es un organismo vivo y sus necesidades van cambiado con el tiempo. No es viable mantener las casas históricas exactamente como fueron, ya que las condiciones actuales demandan mejoras y otras condiciones de vida y uso. Las regulaciones estrictas para preservar la arquitectura original a menudo obligan a intervenciones ilegales. En el contexto inmobiliario, estos desafíos requieren soluciones creativas y normativas adaptadas para facilitar la intervención y mantenimiento de edificios patrimoniales sin comprometer su valor histórico.
Por otro lado, hay que trabajar en políticas públicas que articulen la conservación del patrimonio arquitectónico dentro del ordenamiento territorial, donde el sector inmobiliario pueda convertirse en un agente clave. Por ejemplo, en otros países, los municipios venden pisos en altura en zonas de expansión a gestores inmobiliarios, y esos fondos son destinados para la conservación del patrimonio en sectores de la ciudad donde las condiciones de suelo urbano no son iguales o equitativas.
Ahora bien, en Ecuador, sí existen bases legales sobre las cuales se puede gestionar el patrimonio arquitectónico en el marco del ordenamiento territorial. Para ello, por un lado, contamos con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo que establece conceptos como la función pública del urbanismo y la función social y ambiental de la propiedad; y, por otro lado, la LOC que establece la puesta en valor y uso social del patrimonio cultural que involucra al patrimonio cultural (entre otros aspectos) en el marco del desarrollo territorial.
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Amanda Braun
Manuel y Amanda ¿cuáles serían sus conclusiones?
La situación actual presenta nuevos desafíos que, para enfrentarlos, es crucial encontrar un balance entre la preservación del patrimonio arquitectónico y el desarrollo económico. Fomentar la participación comunitaria y asegurar que las políticas urbanas incluyan tanto la rehabilitación, donde el sector inmobiliario debe ser un actor clave, como la revitalización social y económica de los centros históricos, son pasos esenciales para garantizar su sostenibilidad.
En este contexto, es esencial un apoyo político-administrativo claro y decidido. El patrimonio, en todas sus dimensiones, es fundamental para la identidad y la historia de un país. En este marco, la recuperación del patrimonio arquitectónico, especialmente privado, requiere de gran ayuda por parte del Estado. La política y la administración deben tomar conciencia de este valor y establecer políticas efectivas para su recuperación, y a su vez, incentivos para que el sector inmobiliario se involucre en este proceso.