Por Caridad Vela
No es un ministerio fácil el de desarrollo urbano y vivienda. El paso de los años, y la gestión de distintos gobiernos, ha mostrado que hace falta más que buena voluntad para reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.
Construir viviendas donde sea y como sea no es la solución. La construcción masiva de vivienda para los sectores más vulnerables, según la Arq. Gabriela Aguilera, Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, debe estructurarse desde el concepto, para a partir de ahí, con solidez en esa base, ejecutar proyectos y estrategias acertadamente. Esta entrevista deja una grata sensación de optimismo por las novedades que presenta. Y por ahí empezamos.
¿Cómo están las cifras del déficit de vivienda?
Ecuador tiene un déficit habitacional de 2.7 millones de hogares. El 25% es cuantitativo y el 75% es cualitativo, pero es importante recordar que el Miduvi se enfoca únicamente en los quintiles de pobreza y pobreza extrema, es decir, viviendas de interés social y de interés prioritario. La situación en Ecuador no es ajena en la región, y ahí radica la importancia de trabajar de la mano con los países vecinos para analizar soluciones que han funcionado en realidades similares. Eso nos permite plantear enfoques a pequeña escala cuyo impacto, de ser positivo, se puede multiplicar.
¿Qué gestiones se hacen para reducir ese déficit?
Trabajamos a nivel nacional tanto en programas de vivienda 100% subvencionadas por el Estado, que pueden construirse en terreno del beneficiario o en terreno del gobierno. Para viviendas Vis (hasta $80.100) y Vip (desde $80.101 hasta $103.050) estamos trabajando conjuntamente con el sector privado y las instituciones financieras privadas, con el programa 5-25-5 (5% de entrada, crédito a 25 años plazo, al 5% de tasa de interés). No existe en la región otro país que tenga estas tasas para financiar la compra de vivienda social.
¿Hay oferta que califica para aplicar este financiamiento?
Los proyectos están registrados en la página del Miduvi y los beneficiarios pueden acceder a comprar su vivienda en cualquiera de ellos. Gracias a la estrategia de simplificación de trámites, el registro se hace en un día, de manera automática y transparente. Este programa fortalece tanto la oferta como la demanda, y sobre todo, permite que el beneficiario compre su vivienda con el crédito 5-25-5, pagando cuotas hipotecarias muy similares a lo que pagaría mensualmente por arriendo. A continuación algunos ejemplos de las cuotas mensuales que los beneficiarios pagarían por su crédito hipotecario:
¿Está garantizado el fondeo del fideicomiso que permite al gobierno subvencionar esta tasa de interés?
Precisamente acabamos de anunciar el refondeo del fideicomiso por $30 millones, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Esto dará a los constructores y promotores la seguridad que necesitan para seguir construyendo para este segmento de la población. Además, tendrá consecuencias importantes en la reactivación de la economía del país.
Otro de los anuncios importantes para el Mes de la Vivienda es el lanzamiento del programa Construyamos Juntos. ¿De qué se trata?
Es un modelo de gestión eficiente que da una respuesta al entrampamiento del crédito hipotecario con garantía de bien futuro. Con esta herramienta, que se maneja a través de la figura del fideicomiso, se facilita a los constructores el acceso a financiamiento a largo plazo. Hemos trabajado de la mano con el gobierno nacional, Conafips, Banco Pichincha, Mutualista Pichincha, Construecuador y otros actores, como Constructores Positivos, en su creación. Es un mecanismo totalmente legal y transparente que dinamizará al sector de la construcción de manera exponencial. Se activará a través de un acuerdo ministerial y eso dará paso al primer proyecto piloto bajo este esquema.
También suenan novedades en microcrédito para vivienda con BanEcuador…
Sí, se trata de un microcrédito para mejoramiento de viviendas productivas, que se concederá al 1% de tasa de interés y a 30 años plazo, para apoyar a la gente que maneja sus negocios o emprendimientos dentro de la vivienda, como pueden ser las costureras, tiendas de barrio, panaderías, etc. El Presidente ha dispuesto que se destinen $30 millones para este efecto, que tendrá como consecuencia la reducción del déficit cualitativo de vivienda.
¿Alguna estrategia para financiamiento al constructor de Vis y Vip?
El año pasado estuve en Washington e hice un primer contacto con el BID Invest para abrir líneas de crédito directas a los constructores de proyectos de vivienda social y prioritaria, con con intereses muy bajos, porque en Ecuador no existe ese crédito. Las buenas noticias son que estamos trabajando en dos operaciones simultáneas: una de $104 millones con BID Invest, y otra de $100 millones con el Banco Mundial, institución que por primera vez tendrá una operación para financiar la construcción de vivienda en Ecuador.
Se siente una agilidad distinta en el Miduvi. ¿Qué cambios motivan esta gestión?
Iniciamos haciendo un estudio profundo de la cadena de valor de toda la vivienda en el país, tanto desde la oferta como desde la demanda, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Era necesario tener la línea de base, un diagnóstico del estado real del sector. La gestión de este ministerio ha estado encaminada al desarrollo de vivienda, y si bien ese es el corazón de nuestro trabajo diario, el desarrollo urbano sostenible es igual de importante.
¿Cuál fue el siguiente paso?
Otro estudio, éste con el Banco Mundial, para analizar el estado de la política pública de vivienda en Ecuador. Era fundamental iniciar el trabajo con estos dos estudios para tener una lectura real de la situación de vivienda, de los actores involucrados y de todos los niveles de gobierno que se entrelazan en los procesos, para cumplir los objetivos.
¿Qué acciones surgen de estos estudios?
La formulación de la política urbana nacional se trabajó a través de un proceso participativo con más de 861 actores y concluyó en octubre 2022. Participaron varias carteras de Estado y organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, Cooperación Técnica Alemana, Cooperación Suiza, Banco Mundial, CEPAL y ONU Hábitat. Producto de esto, Ecuador ahora cuenta con una mirada integral hacia el desarrollo sostenible, que implica políticas de hábitat, de espacio público, vivienda, y sobre todo, garantiza el derecho a un hábitat seguro, el derecho a la ciudad y el derecho al acceso a vivienda.
¿Cómo se garantizan esos derechos?
Trabajamos articuladamente con los siete elementos de vivienda adecuada que fueron dados por ONU Hábitat: seguridad de la tenencia, calidad de la vivienda, ubicación, asequibilidad, accesibilidad, habitabilidad y pertinencia cultural de la vivienda. La vivienda de interés social debe estar dentro de la mancha urbana y contar con infraestructura de servicios básicos, transporte, equipamientos, escuelas, servicios médicos, etc., para garantizar esos derechos.
¿Qué otros factores están determinados en la nueva política urbana nacional?
Estamos trabajando en cuatro pilares. El primero es la buena gobernanza, implementada a través de un trabajo multinivel y multi actor, que nos permite implementar esas políticas, gestionando acercamientos al financiamiento para lograr los objetivos. El segundo es vivienda adecuada, digna, adaptada a la realidad de las regiones del país. Tercero, uso y gestión de suelo, aspecto en el que debemos articular a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s) para lograr metas bajo el concepto de país. Y finalmente hábitat seguro, considerando al espacio público como elemento de cohesión social, incluyendo aspectos con enfoque de cambio climático, con especial atención a temas de género. Más del 60% de las soluciones habitacionales que otorguemos estarán dirigidas a madres solteras o madres jefas de hogar.
Se requieren varias acciones de aplicación transversal para cumplir los objetivos…
Trabajamos en cinco ejes transversales que son el espíritu de nuestro trabajo. Estos son: cambio climático, gestión de riesgos, temas de género, pluriculturalidad y movilidad urbana. Nuestro trabajo debe estar articulado con el desarrollo sostenible en todo su espectro: equilibrio en impacto social, medioambiental y productivo o económico.
Elaboremos…
Hemos diseñado nuevas tipologías de vivienda que se adaptan a las diferentes regiones del país, aplicando metodologías internacionales enfocadas en eficiencia en uso de energía, agua, materiales, etc., para encaminarnos hacia la transición ecológica. Lo logramos gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y se trabajaron con el equipo interno del Miduvi. Además hemos creado tipologías para construcción de vivienda en terrenos de propiedad de los beneficiarios, y para las que serán construidas en proyectos urbanizados por el Estado, cuyos terrenos son donados por los GAD´s. Toda esta gestión es parte de un cambio de visión del ministerio, que ahora trabaja con una mirada integral en el territorio, para determinar los lineamientos y las estrategias que requerimos para desarrollar comunidades y ciudades resilientes, sostenibles, inclusivas y seguras.
¿Esos terrenos donados cumplen con los requisitos establecidos en la nueva política pública del Miduvi?
Esos terrenos pasan por un proceso riguroso de selección y elegibilidad a través de una comisión interinstitucional, integrada por el Miduvi, la Secretaría Nacional de Riesgos, el Ministerio del Ambiente y otras instancias calificadas, para conformar este banco de suelos que debe integrarse bajo los estrictos lineamientos de nuestra política, y que estén dentro de los planes de ordenamiento territorial y de uso y gestión de suelo. Superado este filtro de selección, los terrenos pasarán a ser propiedad del Miduvi, para habilitar el financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo destinado la construcción de vivienda.
¿Cuándo veremos resultados?
Las primeras viviendas serán entregadas este 2023. Hicimos una invitación a profesionales de la construcción a postular para la construcción de 1.701 viviendas y 1.300 kits de agua segura y saneamiento. Recibimos 18.000 postulaciones que pasaron por un proceso de elegibilidad manejado por la Empresa Pública Creamos Infraestructura, que es nuestro brazo ejecutor. Para lograr absoluta transparencia en el uso de nuestros recursos, se realizaron dos sorteos públicos de adjudicación de los procesos de construcción. Adicionalmente estamos trabajando para hacer el mismo proceso para la construcción de alrededor de 700 viviendas que serán financiadas por la Agencia Francesa de Desarrollo, que se construirán en terrenos urbanizados por el Estado, en ocho cantones del país, cuyos municipios han donado los terrenos.
Para enfrentar las carencias de vivienda causadas por los últimos desastres naturales que han azotado algunas regiones del país se menciona el incentivo de arrendamiento por emergencia. ¿De qué se trata?
El incentivo de arrendamiento por emergencia es una medida de pronta atención en respuesta a desastres causados por fenómenos naturales. Hay viviendas que han colapsado, y otras que están inhabilitadas por presentar daños estructurales que ponen en riesgo la vida de las familias. Al respecto, mediante Decreto Ejecutivo firmado el 20 de marzo, el Presidente Guillermo Lasso, decretó reformar el Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público.
¿Cuál es la reforma?
Estipula que dentro de la categoría de inversión social, el Estado podrá otorgar un incentivo por emergencia destinado a cubrir en todo, o en parte, el valor del arrendamiento de vivienda para personas damnificadas. Este incentivo se podrá otorgar por un período máximo de tres meses, y durante este tiempo, los damnificados podrán recibir un total de hasta $675, que equivalen a 1.5 salarios básicos unificados.
Además hubo una declaratoria de emergencia institucional en algunas provincias…
Así es. Mediante resolución ministerial firmada el 23 de marzo del año en curso, se resolvió declarar la emergencia institucional en las provincias de Guayas, El Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo y Azuay, para habilitar al Miduvi, como ente rector de hábitat y vivienda, a atender a las familias calificadas como beneficiarias, no solo frente a la emergencia suscitada por la fuerte estación invernal, sino también por los movimientos telúricos ocurridos el 18 de marzo de 2023.
¿Cómo se materializarán esas acciones?
A través de la entrega e implementación de subsidios o incentivos contemplados en la normativa vigente. El 23 de marzo se expidió un acuerdo ministerial en el que se establecieron los lineamientos de aplicación del incentivo de arrendamiento. Las familias beneficiarias son calificadas por el Miduvi; y acceden al incentivo a través de la firma de la Declaración Responsable que indica lo siguiente:
- Que el inmueble afectado es de su propiedad, fue su única vivienda y estaba siendo habitada;
- Que el incentivo será utilizado para arrendamiento
- Que suscribirá con el arrendador un convenio de uso y ocupación del inmueble; y
- Que se compromete a trasladarse de manera inmediata a la vivienda definitiva que entregue el Miduvi
Para terminar, un tema que el año pasado causó incertidumbre. ¿Cómo terminó la ejecución del presupuesto?
Recibí esta cartera de Estado el 5 de julio de 2022. La ejecución presupuestaria estaba en 3.68%, era el más rezagado. Empezamos a trabajar con metas semanales y logramos pasar al 97.35% de ejecución presupuestaria.