Por Caridad Vela
La flamante biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar es el escenario que acoge esta entrevista con el Dr. César Montúfar, primer candidato de postulación oficial para ocupar la alcaldía de Quito en el próximo período. Su designación es el resultado de la decisión tomada en marzo de este año, durante la Convención Nacional del Movimiento Concertación, siguiendo en rigor con los procesos establecidos.
Varios titulares en medios de comunicación mereció el impase suscitado a partir de la fallida alianza con el partido político CREO, situación que nos trae a la mente lo que sucede con el actual Consejo Metropolitano. Varios concejales, una vez electos, no tardaron en demostrar que usaron maliciosamente a los partidos políticos para ser electos, causando el caos y la ausencia de gobernabilidad que hoy vive Quito. Por este álgido tema arranca la entrevista.
¿Cuál es su lectura sobre la falta de gobernabilidad en el DMQ?
La problemática de gobernabilidad que vive el municipio de Quito es complicada. Está secuestrado por ciertos intereses particulares, políticos en muchos casos, que enfrentan a los concejales con el alcalde y la administración. Son temas que no tienen trasfondo ideológico, son un no por el no, y se ha transformado al municipio en una troncha política, porque las autoridades han negociado apoyos electorales a cambio de espacios en la administración.
¿Cuál es la consecuencia?
Se ha entregado a los concejales decisiones clave en temas fundamentales. Los problemas que tiene Quito requieren, en gran medida, de soluciones técnicas, pero están supeditadas a la negociación política que lastimosamente se ha transformado en la forma de gobierno en la ciudad. Esto no es nuevo, pero se profundizó en la década Correísta, cuando los concejales empezaron a recibir sueldos, en lugar de dietas por sesiones asistidas, se convirtieron en empleados y comenzaron a actuar como tales, no como representantes de los ciudadanos.
¿Cambiar la estructura administrativa es el principal desafío?
El próximo alcalde debe tener el liderazgo político para llevar a Quito a la aprobación de un estatuto autonómico que defina las competencias y el modelo de ciudad que queremos hacia el futuro, y al mismo tiempo, determine cuál será la estructura administrativa del municipio que requiere la cuidad. El estatuto autonómico es a la ciudad lo que la Constitución es al país, es el compendio de herramientas necesarias para promover y proyectar una visión de ciudad. Pero más allá de eso, el estatuto tiene que ver con legitimidad, porque según la Constitución, un estatuto autonómico tiene que surgir de una consulta popular.
César Montúfar
¿Su propuesta es hacer una consulta popular en el DMQ?
En caso de ser electo, el primer día iniciaré el proceso para la consulta, lo haré vía un sistema de participación que involucre a los barrios, a todas las entidades y sectores económicos y productivos de la ciudad, a los gremios, a la academia, para acordar un estatuto que permita gestionar una reorganización profunda de la administración.
¿Qué incluiría en la consulta?
Se incluirán los parámetros que se definan bajo el sistema de participación que se aplicará para prepararla. Esta herramienta tiene que devolver el mandato al próximo alcalde, no solo para resolver problemas estructurales de la ciudad, sino también los coyunturales. Entre ellos, establecer las nuevas relaciones que debe tener el municipio con los sectores privados, y resolver otros nudos políticos que el municipio no ha podido resolver.
¿Cuáles?
Los sistemas y modelos de gestión, y el tema orgánico estructural y funcional del municipio que es un caos. En lo primero, no podemos depender solamente de las empresas municipales para provisión de servicios básicos, debemos generar alianzas público-privadas para aspectos como basura y movilidad, entre otros. En lo segundo, el peor de todos los problemas es las potestades de los concejales. Ellos deben dedicarse exclusivamente a legislar y fiscalizar, no pueden ser copartícipes en un espacio de gestión. Además, tenemos múltiples entidades que repiten trámites y sobreponen funciones, y eso no puede seguir.
¿Cuál sería el cronograma de acción? Porque no hay tiempo que perder…
Seis meses entre dialogar, comunicar y convocar, pero no serían meses de paralización porque paralelamente se trabajaría en temas urgentes como basura, movilidad, seguridad y productividad. Lo importante es que la consulta dé las facilidades al alcalde para que actúe con mandato. Este es el inicio de la solución a todos los problemas, porque se basaría en crear un modelo de gobernabilidad democrática, incluyente, con capacidad para tomar decisiones eficientes y firmes en beneficio de la ciudad.
¿El segundo desafío?
Enfrentar la situación en movilidad que representa la entrada en funcionamiento del Metro. Esto le compete al alcalde y al Consejo Metropolitano. Hay que poner en marcha el sistema integrado de transporte y organizar todos los detalles de movilidad. No es un aspecto aislado, está vinculado con temas de uso de suelo y desarrollo de ciudad. La introducción del Metro posiblemente será el hito sobre el cual se definirá el futuro del desarrollo urbano de Quito para los próximos 20 años, porque implica un cambio total en el concepto urbanístico.
¿La actual administración fijará la tarifa para el Metro?
Debería fijarla, pero dudo que lo haga. Será una de las principales decisiones de la siguiente administración, teniendo como punto de referencia las necesidades de la población territorialmente excluida en la ciudad, que son quienes viven por fuera del llamado híper-centro. La tarifa debe ser fijada en función de garantizar acceso a todos los quiteños, a un precio razonable. El municipio tendrá que subsidiarlo, porque evidentemente la tarifa real para uso del Metro es mucho mayor que la que está vigente en nuestro obsoleto sistema de transporte, que no ha sido revisada en trece años.
Caridad Vela y César Montúfar
¿Cómo se manejaría el subsidio?
Tiene que ser un subsidio a los ciudadanos, no a los transportistas, y debe estar focalizado en función de las condiciones económicas de los usuarios. Puede ser sectorizado geográficamente, determinando las rutas que se deben subsidiar, o a través del bono de desarrollo humano. En el mundo hay varios sistemas de subsidios que son eficientes, hay que estudiarlos y, en base a ello, crear uno ad-hoc para Quito.
¿Soluciones paralelas para el problema de movilidad?
Las hay, porque el Metro no va a resolver todos los problemas. Hay que repotenciar los corredores que existen, organizar todas las rutas de transporte, revisar parámetros con el transporte provincial y los actores del transporte público, etc. El modelo anacrónico con el que municipio se relaciona con los transportistas, que es de cooperativas, hay que cambiarlo. Las cooperativas deben convertirse en consorcios o sociedades anónimas, deben pagar impuestos y respetar el código del trabajo. Así, la relación entre el municipio y los transportistas se dará sobre una base jurídica moderna, se podrá regular y controlar su actividad implementando sistemas tecnológicos para verificar horarios, rutas, límites de velocidad, etc.
Pasando a otro tema, ¿cómo distribuirá el presupuesto municipal?
Cambiando el modelo de gestión. El esquema financiero actual no funciona, casi todo se va en sueldos. El nuevo modelo debe incorporar a la empresa privada, a través de concesiones y alianzas, para lograr ahorro de recursos y servicios de calidad. Así habrá la posibilidad de que sean los actores privados, bajo regulaciones del municipio, quienes hagan inversiones para proveer servicios públicos. Es un salto de naturaleza política que daremos para que la administración se relacione democráticamente con todos los actores, y deje de ser un municipio desprestigiado, sin autoridad política, secuestrado por intereses particulares, estancado.
En el sector construcción, ¿el estancamiento se podría evitar aplicando la norma del silencio administrativo?
No se la puede aplicar indiscriminadamente sin que exista una visión global de planificación urbanística de la ciudad y de uso de suelo. Hoy hay una enorme desregularización, y primero se debe generar un instrumento legal para abrir el camino a la aplicación del silencio administrativo en el tema de trámites. La normativa debe establecerla el municipio pensando en el largo plazo, diseñando el crecimiento, y no como sucede ahora que el municipio va al ritmo de los nuevos proyectos inmobiliarios.
Más allá de solucionar problemas, ¿qué nuevos proyectos tiene en mente?
Tengo dos proyectos que requieren involucramiento de la ciudadanía. Uno es en el sur de Quito. Queremos convertirlo en una zona económica especial de desarrollo, donde se integrará el potencial productivo del sur alrededor de lo que llamamos la Universidad Antonio José de Sucre. Si articulas y haces que el espacio económico, social, político y urbano del sur se involucre en lo que podría ser una zona especial de desarrollo, se puede lograr una importante reconversión económica.
¿Y el otro?
Que Quito sea una ciudad con río. Existe un proyecto importantísimo, que es el tratamiento de las aguas del Río Machángara. Están listos los estudios, costaría casi mil millones de dólares limpiar sus aguas de manera técnica, con separación de aguas lluvia de las aguas servidas para que éstas vayan a una planta de tratamiento. Además se abre la posibilidad de generación eléctrica, y hay un gran beneficio paralelo en cuanto a convertir a las riveras del río en espacios para fomentar el turismo, ocio y emprendimientos.
Para terminar, ¿considera que el municipio requiere mayor gestión política que administrativa, o viceversa?
Una ciudad se gobierna, una ciudad no es una empresa, es quizá el espacio más complejo política, económica, cultural y socialmente hablando. Evidentemente el municipio requiere destrezas administrativas, pero sobre todo se necesitan destrezas políticas para resolver los atolladeros. Un alcalde debe tener la fuerza política para promover cambios. Guayaquil ha salido a las calles a reclamar sus derechos, y así ha logrado crecer. Quito perdió esa capacidad hace casi 15 años, hay que recuperarla con gestión política técnica, no politizada, porque la clave es despolitizar las decisiones técnicas y lograr que sean resultado de una articulación. El liderazgo político tiene una función pedagógica de motivación, de convocatoria y de movilización. Todo lo que hemos hablado será imposible si el alcalde no es un líder que motiva a los ciudadanos a involucrarse, a apropiarse de los grandes proyectos y sueños que tiene la ciudad.