Por Caridad Vela
No es la primera vez que tenemos el gusto de contar con Elizabeth Cabezas en nuestras páginas. Cuando formó parte del Concejo Municipal de Quito dimos cuenta de sus aciertos. Hoy, desde la más alta posición legislativa del país, vuelve a atraer nuestro interés por la coyuntura del momento en que fue electa para este cargo.
Siempre amable y abierta al diálogo, hizo espacio en su complicada agenda para conversar con nosotros sobre temas de gran relevancia para la ciudadanía en general, y para el gremio de la construcción en particular.
Expresa su sentir y manifiesta optimista que “es hora de reactivar la locomotora inmobiliaria y generar más empleo en el sector de la construcción”. Contagiadas con esa energía damos inicio a la entrevista.
Elizabeth Cabezas
Presidenta de la Asamblea Nacional
¿Cuál fue su posición frente a la denominada “Ley de Plusvalía”, promulgada durante el gobierno del ex presidente?
Mi relación con el sector de la construcción me permitió conocer de primera mano las incertidumbres que se generaron en el sector, que, sumadas a la situación en la economía, afectaron la actividad inmobiliaria y llevaron a la paralización de varios proyectos. El origen de esta ley generó inquietudes y preocupaciones, no solo en el sector inmobiliario, sino en amplios sectores de la población, quienes veían en la inversión inmobiliaria una forma de ahorrar y precautelar sus recursos.
¿Nunca tuvo sentido?
La propuesta fue cuestionada desde su anuncio, es más fue un factor de movilizaciones que aglutinó descontentos ciudadanos acumulados. Hubo protestas en varias ciudades, sobre todo en Quito, que incluso obligaron al Gobierno a frenar su propuesta en un momento determinado, para evitar confrontaciones en vísperas de la llegada del Papa Francisco al país.
Y finalmente tuvimos nuevo Presidente y se dio la Consulta Popular…
La pregunta 6 rezaba textualmente: “¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía?”. La respuesta no dejó espacio para ninguna duda: el 63,1% de los ecuatorianos consultados respondió que “Sí”.
¿Cómo se dio el proceso de la derogatoria?
El camino quedó despejado desde que los ecuatorianos acudieron a las urnas ante el llamado a Consulta Popular realizado por el Presidente de la República, pero en ese contexto se creó una Comisión Especializada en la Asamblea Nacional, de la cual formé parte en su momento, que avocó conocimiento del tema. En el proceso se dieron discusiones y debates, pero los miembros de esta comisión, por unanimidad, decidimos la derogatoria de la ley de plusvalía conforme al pronunciamiento popular.
Hecho que se dio cuando ya estabas de Presidenta de la Asamblea Nacional…
Coincidencialmente, y luego de una accidentada transición en la Asamblea Nacional, que fue pública y conocida por todos los ecuatorianos, asumí la Presidencia del Poder Legislativo el 14 de marzo del presente año. Apenas dos días después, en la sesión No. 506 del Pleno, se aprobó por 97 votos a favor la derogatoria de la ley de plusvalía, cumpliendo así fielmente con el mandato popular.
Con esto solucionado, ¿cómo ves el panorama para la actividad de la construcción y el desarrollo inmobiliario?
Una cosa está clara. Desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo se ha cumplido con el sentir, y sobre todo, con el mandato del pueblo. Desde el pasado 16 de marzo está derogada la legislación que se consideró lesiva y amenazante contra el sector inmobiliario y de la construcción en Ecuador. Por lo tanto, desde las responsabilidades del poder público hicimos lo que correspondía hacer, porque pensamos siempre en el bienestar del país, en la necesidad urgente de crear nuevos empleos, en la importancia de reactivar la producción nacional para apalancar más y mejor la dolarización, y en que es imperativo mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Pero el proceso de recuperación no es ni fácil ni rápido …
Sí, no es fácil. Pero, ¿qué es fácil en estos momentos que vive el país? Por eso debemos afianzarnos en la fuerza y el optimismo de los empresarios y constructores para salir adelante. El diagnóstico con la ley de plusvalía se resumía en una palabra: recesión. Es cierto, el sector inmobiliario la pasó mal, sobre todo en el período 2015-2017, cuando se paralizaron proyectos y se desplomó el empleo en la construcción.
¿La ley de plusvalía fue la causante?
La compra-venta de nuevos proyectos inmobiliarios se contrajo, según datos de los constructores hasta en 60% entre 2015 y 2016, pero recordemos también que en esos años vivimos una crisis general en la economía. La ley de plusvalía alejó al inversionista que enfrentó la posibilidad de pagar hasta 75% de impuesto a la ganancia extraordinaria, que fue concebido originalmente como contrapeso ante la especulación del suelo. Ahora las condiciones han cambiado y la invitación es a recuperar esa esperanza y a impulsar nuevos proyectos con optimismo.
¿Un llamado para que retorne la confianza del sector?
Es el momento de apostar al país y promover nuevas inversiones y propuestas. Es hora de que, como actores y representantes de uno de los sectores económicos más importante del país, echen a andar con fuerza la locomotora inmobiliaria. Es el momento de dejar las dudas porque ya no tienen espadas legales en la nuca. Hay que desempolvar y ejecutar proyectos grandes, medianos o pequeños. Al empresariado y al inversionista privado les corresponde hoy dinamizar al sector, deben volver a ser una fuente generadora de trabajo digno, honesto y permanente para miles de ecuatorianos. El país les necesita.
En el Plan Casa Para Todos hay una gran oportunidad…
El Gobierno hizo un llamado a los constructores privados para que se sumen al programa Casa Para Todos, que demanda y requiere de la empresa privada para su ejecución, no solo a nivel de inversiones de capital, sino de conocimientos, de tecnologías, etc. Ahí veo una gran oportunidad de inversión a largo plazo con un fuerte componente social. El sector de la construcción privado y la demanda de vivienda popular desde lo público, son un extraordinario espacio para poner en marcha las alianzas público-privadas, pero con un gran sentido de país. Tal vez no es lo más rentable económicamente, pero si lo más necesario y rentable socialmente hablando.
¿Las alianzas público-privadas son el mecanismo para reactivar la construcción?
No solo eso, creo que esta fórmula -que jurídicamente existe-, puede servir perfectamente para reactivar no solo al sector de la construcción, sino a la economía nacional en general, que sufre de una crisis aún no superada. Hoy el escenario es distinto y más positivo que el que teníamos hasta el 15 de marzo de 2018. La ley de plusvalía está derogada, y la economía del país entero necesita válvulas de escape para romper con la inercia recesiva, para generar empleo, producción y riqueza social.
¿Qué hace falta para echar a andar esta rueda?
Los líderes del mundo empresarial privado y los líderes de los poderes públicos del país tenemos conciencia de que Ecuador requiere mayor dinámica, porque también hay mayores certezas. En ese contexto, el sector inmobiliario y de la construcción tienen la obligación y la oportunidad de aportar su contingente en beneficio de nuestra sociedad. Eso es lo fundamental. La vivienda genera seguridad, es la raíz del crecimiento y desarrollo de la familia, y nunca debemos perder de vista esta realidad social, porque nos compete a todos.
¿Es la ecuación para lograr beneficios sociales y activación económica?
Siempre he creído que cuando las familias acceden a viviendas dignas, su vida cambia, y con ellas, cambia el país. Soy particularmente sensible antes estos temas. Cuando fui Concejala de Quito promoví la legalización de 300 barrios para dar estabilidad a miles de familias a quienes se entregó su escritura de propiedad. Esto se constituyó en la mayor satisfacción de mi período.
¿Qué está en carpeta en la Asamblea Nacional?
En estos pocos días hemos puesto en marcha una importante Agenda Legislativa Priorizada que fue construida con todos los partidos y movimientos representados en el Parlamento Nacional, que incluye medio centenar de leyes y reformas. Nos hemos comprometido gestionarlas hasta mayo de 2019, lo cual se constituye en un hecho histórico no visto al menos en la última década. Esto explica por qué la Asamblea Nacional recupera poco a poco su espacio y credibilidad, y el objetivo es seguir en esa línea de trabajo que une a todas las bancadas del país.
¿Tu lema?
Soy fiel creyente de que el diálogo abre puertas, que saber escuchar es fundamental para solucionar los problemas más radicales. Mi ecuación de servicio público se expresa a través del diálogo + apertura + consenso = resultados.